En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Karina Barrón lanzó una iniciativa para aplicar la castración química de por vida, a quienes violenten sexualmente a menores de edad.
La congresista también pidió que esos infractores sean penalizados con más de 20 años de cárcel y mil 500 días de multa.
Los cambios propuestos al artículo 261 del Código Penal Federal y el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indica que la penalización se aplicará a quienes comentan el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona.
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Los ajustes a la Ley General de Responsabilidades prevén que los servidores públicos de los poderes judiciales, deberán actuar y resolver asuntos relacionados, conforme al principio superior de la niñez y su derecho de prioridad.
En cuanto a las sanciones para los servidores públicos por faltas graves, indica que los responsables de poderes judiciales que no cumplan y afecten el principio superior de la niñez y su derecho de prioridad, serán sancionados con 15 años, más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate.
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“El Estado debe asumir esta tutela sin reparo (…) y emitir un castigo ejemplar para evitar su comisión como un acto ilícito, como lo es la castración química, que se emplea en diversos países y que se entiende por ella, como el método de tratar a los delincuentes sexuales, que mediante medicamentos más tratamiento psicológico, tiene por objeto reducir el deseo sexual y por tanto la tasa de reincidencia de esta clase de delitos”, como ya ocurre en otros países del mundo, como Chile, apuntó.
Endurecer sanciones contra abuso sexual de menores
En la argumentación, la diputada Barrón Perales señaló que el abuso sexual contra menores y las personas en condición de vulnerabilidad señaladas, debe sancionarse con el mayor rigor y dureza posibles.
Tanto el agreso como quienes emiten fallos o sentencias para el infractor y que no se apeguen a la norma prevista, al derecho de los menores ni a las atribuciones, facultades y funciones de los impartidores de justicia, deben ser penalizados.
Recalcó que la niñez mexicana debe tener derecho a la prioridad, es decir, que se les bride protección y socorro ante cualquier circunstancia o situación en la que se encuentre; y que autoridades de todos los órdenes, incluyendo los órganos legislativos, consideren de manera primordial el interés superior de la niñez evitando a toda cosa todo lo que los afecte.
Y si la autoridad no cumple sus obligaciones y atribuciones con respeto a la protección del menor y el interés superior de la niñez, que sus representantes sean sancionados.
Afirmó que a diario, en redes sociales y medios de comunicación, se conocen de casos que son violentados no solo por los agresores, sino en los procesos de investigación, juicios y emisión de sentencias.
Enero de 2024, mes con mayor número de delitos contra menores
La promovente señaló que tan sólo en enero de este 2024, se han cometido 2 mil 759 delitos graves en contra de personas de 0 a 17 años, lo anterior, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y al Blog de dato e incidencia política de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
De esos delitos, 6 fueron feminicidios de niñas y adolescentes menores de edad; 73 fueron homicidios dolosos; 61 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida por homicidio con arma de fuego, tres más que las víctimas registradas por ese motivo, en el mismo mes de 2023.
Las entidades con mayor número de delitos contra menores de edad fueron el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.
Las cifras revelan, alertó, que el mes de enero de 2024 fue el que más número de delitos contra menores en el país, desde el 2015.