En la Cámara de Diputados, se realizó otro de los foros de análisis de las iniciativas de reforma constitucional planteadas por el Presidente de la República.
Como ocurrió en el primer encuentro organizado por la Junta de Coordinación Política del recinto, los temas tratados fueron diversos y se englobaron bajo el título de “reformas constitucionales para el bienestar”.
Al valorar la iniciativa del Ejecutivo en materia de pensiones, el extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Mario Di Costanzo, indicó que si bien el planteamiento tiene buenas intenciones, no beneficiará a todos los trabajadores del país, como parece.
Te podría interesar
También tiene problemas técnicos en materia de financiamiento, anotó el especialista.
“No es una iniciativa que mejore la pensión de todos los futuros pensionados, esto hay que dejarlo muy claro. El beneficio de la pensión con el 100 por ciento de su ingreso se limita únicamente a los trabajadores que perciben un sueldo de menos o hasta 16 mil 777 pesos, que es el salario promedio de cotización. Entonces, uno: no es para todos los trabajadores que se vayan a pensionar. Los trabajadores que ya están pensionados, esos se quedan así”, precisó el exfuncionario de gobierno.
Te podría interesar
El ponente agregó que los cambios tampoco tocan el tema de las semanas cotizadas del trabajador.
En cuanto a las fuentes de financiamiento para dar pensiones al 100 por ciento, con tope en los 16 mil 777 mil pesos mensuales señalados, indicó que no son estables ni certeras y no son suficientes para cubrir las necesidades en esa materia en los próximos años,
Puntualizó que proponer se utilice el 75 por ciento de lo que se ahorre con la extinción de Financiera Rural es inconsistente, al igual que plantear se tomen recursos de la venta de terrenos de Fonatur que en parte están en litigio.
Podría ser inconstitucional que se pretenda tomar recursos de los adeudos pendientes del ISSSTE, que ya están destinados a pensiones y salud de los trabajadores de gobierno, alertó.
Que el pago futuro de pensiones se finque en proyectos que están subsidiados y no tienen ganancias como los trenes y aeropuertos que manejan las Fuerzas Armadas, tampoco es viable, anotó Di Costanzo Armenta.
Reducción de la jornada laboral
María del Rosario Jiménez Moles, actualmente presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, habló de las propuestas de “trabajo decente” y de integrar en los hechos al debate, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, así y en consecuencia, de garantizar dos días descanso.
La invitada recalcó que hace más de 100 años la jornada de trabajo de 48 horas rige en México, mientras otros países ya hablan de la reducción de jornadas de 40 horas.
Se necesita reforma constitucional armónica con el derecho internacional, para atender problemáticas crecientes como el estrés laboral, apuntó.
Calificó como “imperativo” regresar a la discusión de las 40 horas y si no hay inspectores suficientes, que los sindicatos intervengan, planteó.
Agregó que quienes sufren los efectos secundarios de las jornadas largas, son las mujeres, que después de cumplir el horario laboral, llegan a casa a atender a la familia.
En su turno, Berenice Patricia Ramírez López, investigadora Instituto Investigaciones Económicas, UNAM, habló de las reformas en materia de pensiones, aumento al salario mínimo por encima de la inflación, salario base para trabajadores del Estado, pensión para adultos mayores a partir de los 65 años y la pensión universal para personas con discapacidad.
La especialista indicó que los planteamientos muestran que las reformas anteriores al sistema de pensiones fracasaron, e incluso se pronunció a favor de llamar a “rendir cuentas” a sus autores.
En los términos planteados, la iniciativa sobre pensiones del Ejecutivo no es integral, beneficiará a pocos trabajadores al servicio del Estado y quienes logren mejorar sus pensiones a partir de esa norma, si se aprueba, no cobrarán los 16 mil 777 pesos mensuales del salario base, estimó.
Desaparición del CONADIS
Al participar, Jesús Eduardo Toledano Landeros, exdiputado local en la Ciudad de México y actual investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado, habló de la propuesta de simplificación administrativa del Presidente, que prevé la fusión, achicamiento y desaparición de organismos desconcentrados y descentralizados.
El también académico calificó el planteamiento de convertir al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, en una oficina administrativa.
Puntualizó que dicha instancia no es producto de la oligarquía, no es propiedad de los partidos políticos, no es neoliberal y se conformó por esfuerzos conjuntos de la sociedad civil y gobiernos a lo largo de más de 40 años.
El invitado pidió a los diputados federales no aprobar la propuesta del Ejecutivo, por el contrario, solicitó convertir al CONADIS en un organismo autónomo ajeno a “vaivenes” políticos, económicos y electorales.
Restituir Estancias Infantiles
Jesús Hernández Bautista, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actual director de Infraestructura de Cuidados y Desarrollo Infantil en la Alcaldía Álvaro Obregón, abogó por la restitución de las Estancias Infantiles.
Señaló que la política pública que resultó efectiva al cumplir sus objetivos, obtuvo premios a nivel internacional, aunado a que benefició a más de un millón de madres trabajadoras y más de 2 millones de menores de edad.
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, coordinadora del eje de derechos sociales de los “Diálogos por la Transformación” convocados por la actual candidata presidencial Claudia Sheinbaum, se refirió a las reformas de “bienestar” planteadas por el Primer Mandatario, incluyendo medidas en materia de trabajo para jóvenes y vivienda.
En defensa de las políticas públicas de desarrollo social del Ejecutivo Federal, afirmó que los programas de bienestar no son clientelares.
Darles rango constitucional y catalogarlos como derechos les quita la dimensión “clientelar”, opinó.
Defensa de los programas de bienestar
En su presentación, el senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel García Hernández, defendió los programas de “bienestar” del actual Gobierno Federal y que se consoliden como derechos en la Constitución.
Pidió a los diputados federales no tardar más en aprobar la pensión universal para personas con discapacidad, fijar la edad para pensión para adultos mayores a los 65 años y garantizar apoyos a los pescadores. “Lo podrían hacer desde ahora”, les dijo.
Aseguró que en el “régimen caduco” anterior, 500 mil millones de pesos se destinaban a la corrupción, y ahora, el Ejecutivo los distribuye entre 25 millones de familias mexicanas.
La política social de la presente administración, afirmó, ha logrado reducir en los hechos el número de personas en pobreza y mejorar “en automático” las condiciones de millones de familias y personas.