El Estado es el encargado de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos y en el actual proceso electoral, de los candidatos y candidatas, reconoció el integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.
Luego de que el candidato petista a la alcaldía de Atoyac, en Guerrero, Alfredo González Díaz, fuera asesinado este domingo 3 de marzo, el congresista también admitió que no será fácil para las autoridades encargarse de todos los casos similares que se presentarán durante la contienda.
Asimismo, el congresista pidió que la autoridad electoral informe en qué sitios del país hay “focos rojos” en materia de seguridad para los contendientes y los votantes, con el fin de que se tomen las medidas preventivas necesarias.
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“Pero sí le corresponde esencialmente al Estado hacer esa tarea y al Instituto Nacional Electoral que diga si tiene algún señalamiento, alguna denuncia. Debemos actuar preventivamente y ahí hay un problema también mayúsculo porque hay personas que no se animan a hacer denuncia”, anotó.
Incluso, Sandoval Flores dijo que ya hay candidatos a quienes les han “hablado”, no precisó quién o quiénes, para decirles quién ganará la votación en sus respectivos distritos y casillas.
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Esto, agregó, inhibe la denuncia de amenazas, intimidación e intervención del crimen organizado en las elecciones.
“¿El estado tendrá capacidad para atender todos los casos que van a aparecer?, va a ser un poco difícil de que se logre”, reconoció.
En entrevista en el Palacio Legislativo, el petista añadió que el gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales, deben tomar las previsiones pertinentes para frenar e inhibir en la medida de lo posible, los crímenes contra los participantes en la elección.
Imponer la fuerza del Estado
Al matizar sus consideraciones y expresar confianza en que el Estado podrá enfrentar la intromisión del narcotráfico en los comicios, el parlamentario dijo tener certeza de que la delincuencia no tiene fuerza suficiente como para imponerse a la autoridad.
“Entonces el llamado es que se aplique la fuerza del Estado para imponer la paz y la tranquilidad en todos los lugares del país y que se instalen las casillas, y que la fuerza pública revise con precisión dónde están los focos rojos y ahí priorice presencia de fuerza pública”, planteó.
De ese modo, se dará garantía a los ciudadanos de que podrán salir a ejercer el voto en calma, porque la ciudadanía no puede ser rehén de la delincuencia.
También descartó que se vayan a registrar incidentes en los que el crimen organizado intente interceptar la papelería electoral para que ésta no llegue a destino y los votantes no puedan salir a elegir el próximo 2 de junio.
Sobre la seguridad de los abanderados y abanderadas, consideró que los partidos son los que deben informar al INE y a las autoridades en la materia en los tres órdenes de gobierno, en qué regiones tienen identificados riesgos, para que sea en esos puntos donde se refuercen las medidas.
Aceptó que en su natal Michoacán, hay distintas regiones donde será difícil garantizar la integridad de los candidatos y candidatas.