La Cámara de Diputados aprobó en el Pleno, reformas a la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que los gobiernos de los estados y municipios deben elaborar y publicar en sus medios de difusión oficial, las reglas de operación de los programas de desarrollo social.
Lo anterior, con el fin de transparentar los recursos que se utilizarán en ello y los mecanismos de aplicación, para asegurar que será eficaz, oportuna y equitativa.
El proyecto aprobado con 447 votos a favor, será turnado al Senado de la República para su estudio y eventual aprobación.
Prevé que entidades y municipios publiquen en sus medios informativos oficiales, como gacetas, las reglas de operación de los programas de desarrollo social a los que se destinen partidas en sus paquetes presupuestales.
Transparencia en programas sociales
Al fundamentar el proyecto, el diputado promovente e integrante de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), Omar Enrique Castañeda, dijo que se busca hacer cada vez más transparente el uso de los recursos públicos y las políticas públicas en materia de desarrollo social.
También garantizar el derecho de acceso a la información, para que la ciudadanía tenga claro cómo se utiliza el presupuesto destinado a dar ayuda social y bajo qué reglas.
Lo anterior, en el entendido que son instancias obligadas a rendir cuentas, por mandato de ley.
En el caso de los municipios, que tienen una percepción negativa de más del 52 por ciento, de acuerdo a mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto muestra que los ciudadanos no confían en esas autoridades, recalcó.
Aseguró que se han visto casos de utilización de los programas sociales con discrecionalidad, de manera corporativa, aunado a que ocultan las reglas de operación, para tener control sobre el recurso correspondiente.
Castañeda González manifestó que con esas medidas, se podrá asegurar en mayor medida, que los programas sociales no se usen para fines distintos a los previstos, incluyendo los electorales, y el apoyo llegue a quienes va dirigido y lo necesitan.
Que los recursos públicos sirvan al pueblo y que en todos los órdenes de gobierno haya transparencia y cumplimiento de la ley, con el propósito de impedir desvíos de recursos que deberían llegar a la población que más lo requiere.