La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, nuevamente arremetió contra el Poder Judicial, del cual forma parte.
Al participar en un foro sobre las reformas en materia judicial propuestas por el Presidente de la República, organizado en la Cámara de Diputados, Batres Guadarrama afirmó que en el Poder Judicial hay una gran ineficacia y discrecionalidad.
También se pronunció a favor de que los jueces, ministros y magistrados puedan ser sancionados por emitir sentencias “ilógicas”, a lo cual calificó como “la corrupción de la sentencia”.
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Independencia judicial y corrupción
Afirmó que hay casos evidentes donde jueces recibieron dinero o corrompieron sus criterios por otras razones, como el que emitió sentencia absolutoria en el Estado de México, a favor del agresor sexual de una menor de 4 años de edad, porque la víctima no pudo decir el día y momento exacto en que fue agredida.
Y aunque no se pueda comprobar que recibió dinero, es notorio que le falló el criterio y eso, dijo, es corrupción y se debe sancionar, insistió.
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“No se sanciona la conducta del juez. Yo diría que la falta y la corrupción más grave que se comete en los poderes judiciales mexicanos es la corrupción de la sentencia, se llegan a conclusiones ilógicas, es muy común, es muy común, lo mira uno y dice: ves el expediente, pasó esto, pero el juez resolvió esto otro. ¿Cómo sucede eso?, pues eso es un acto de corrupción, pero como es una corrupción en el uso de su independencia, no es cuestionable”, criticó.
En el encuentro, se pronunció a favor de que la reforma propuesta por el Presidente al Poder Judicial, agregue sanciones penales a jueces.
Recordó que el proyecto contempla eliminar al Consejo de la Judicatura, al que insistió en referirse como “un monstruo”, y dar paso a otro organismo administrador conformado por integrantes del propio Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Consideró que el Judicial debería quedar fuera de esa instancia, para que deje de ser juez y parte; y también, del Tribunal de Disciplina Judicial que se prevé crear.
Añadió que si bien los jueces, ministros y magistrados son personas “impregnadas” por criterios y consideraciones ideológicas e incluso políticas, “son personas”, algunas son “machistas” y esa “carga” puede guiar sus sentencias.
Los jueces deberían ser sancionables, remarcó entre aplausos del auditorio asistente al evento.
“Es muy difícil porque hay quien defiende que es la mismísima y absolutamente intocable independencia del juez, yo creo que eso no es independencia, esas son formas de corrupción. Entonces sin necesidad de tocar su independencia, debería haber un órgano que pudiera sancionar ese tipo de corrupción que es muy visible y que no se sanciona el día de hoy”, remarcó.
Añadió que el 2022, ha sido el año en que menor número de integrantes del Poder Judicial han sido sancionados por incurrir en conductas contrarias a la ley.
Señaló que en 2018, hubo 827 jueces sancionados, y en 2022, la cifra bajó a sólo 103.
Poder Judicial ineficaz
Respecto a la ineficacia e ineficiencia del Judicial, añadió que este también tiene gran discrecionalidad.
Externó que en reformas anteriores, se crearon dos figuras, las de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, que de inicio fueron “nobles”, pero con el tiempo se convirtieron en “anormales”.
Aunado a ello, la Corte está decidiendo qué normas constitucionales cumple y cuáles no, lo cual es muy “alarmante” y en consecuencia, justifica los cambios que está proponiendo el Jefe del Ejecutivo Federal.
Problemas del Poder Judicial
La juzgadora habló de otros problemas del Poder Judicial, como su ineficacia para atender juicios en todo tipo de materias como la penal, laboral y mercantil.
“Es sumamente ineficaz” y eso forma parte de un “conjunto de dogmas sumamente perniciosos”.
Aseguró que sólo el 5 por ciento de las carpetas que se abren al año, se están juzgando y atendiendo a través de una sentencia.
Si bien aceptó que la independencia de los juzgadores es indispensable, afirmó que ese elemento se toma como pretexto para aplicar criterios inadecuados para atender asuntos penales.
Llamó “monstruo” al Consejo de la Judicatura Federal.
Otro problema, identificó, es que no hay plazos para que la Corte resuelva casos que en ocasiones tardan años en ser procesados.
Hay discrecionalidad en la interpretación de las leyes en tribunales colegiados y en la propia Corte, criticó.
Habló de las carencias para atender los casos que involucran derechos sociales.
Dijo que no hay criterios para resolver de manera diligente y con visión de derechos humanos, asuntos como sentencias y preliberaciones a favor de personas en vulnerabilidad, como indígenas.
Agregó que si bien se han registrado avances en la atención de casos con perspectiva de género en la Corte, contra la violencia familiar y la interrupción legal del embarazo.
Sin embargo, abundó, faltan más cambios en el Poder Judicial, como la paridad entre jueces, magistrados y ministros.
Pidió no pasar por alto el costo económico del Poder Judicial, de más de 70 mil millones de pesos al año; así como los pagos a ministros en sueldos y prestaciones que rondan los 600 mil pesos al mes. Es un exceso, remarcó.
Víctimas de violencia y del sistema judicial
Durante el foro, dos víctimas de violencia, violencia vicaria, violencia institucional, violencia digital y otras agresiones, relataron las dificultades para defenderse en tribunales, en casos en que sus agresores utilizaron e incluso sustrajeron a sus hijos, para afectarlas.
Las también activistas advirtieron que sus agresores no sólo fueron sus esposos o sus exparejas sentimentales, sino el sistema judicial mexicano y el propio Estado.
En respuesta a sus señalamientos, la ministra Batres las invitó a llevar sus casos a la Corte, mismos que se comprometió a estudiar.