La reforma en materia de pensiones enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, prevé que los trabajadores inscritos en el IMSS y los que cotizan en el ISSSTE, tengan derecho a una pensión de retiro por vejez equivalente a su último salario y hasta por un monto al salario promedio registrado ante el IMSS, incluye condiciones.
El proyecto prevé crear un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, que se capitalizará por distintas vías, incluyendo los extintos fondos y fideicomisos del Poder Judicial, cuya eliminación fue impugnada y está en litigio.
El fondo contará con una bolsa inicial de 64 mil 619 millones de pesos, con los que se prevé compensar a trabajadores jubilados que no recibirán el 100 por ciento del equivalente a su último salario.
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Condiciones para recibir pensión al 100 por ciento
La Constitución indicará que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Precisa que el beneficio de la pensión “completa” será para aquellos que tengan 65 años cumplidos y que empezaron a cotizar el 1 de julio de 1997 ante el IMSS y las que coticen en el ISSSTE.
Esas personas tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, con tope al salario promedio registrado en el IMSS, estimado en 16 mil 77 pesos.
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Señala que las personas trabajadoras a partir de los 60 años, mantendrá el derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley.
Régimen transitorio
En artículos transitorios, indica que la norma entrará en vigor hasta que la Secretaría de Hacienda constituya el fondo de Pensiones para el Bienestar, y los beneficios aplicarán sólo para quienes se pensionen después de esa fecha.
También en el régimen transitorio indica que para “revertir los perjuicios” a las pensiones de los trabajadores con las reformas aprobadas en 1977 y 2007, una vez aprobada la reforma, en un lapso de 90 días naturales se habrá de crear el Fondo de Pensiones para el bienestar.
El instrumento será constituido por la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el Banco de México y tendrá como fin “complementar” las pensiones.
Tendrá una evaluación y revisión actuarial cada 8 años.
Fondo de Pensiones
El proyecto entregado por la Secretaría de Gobernación en el recinto parlamentario indica que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se conformará a través de distintas fuentes de recursos.
Incluirá aportaciones del Gobierno Federal que saldrán en un 75 por ciento de los recursos del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), de la liquidación del organismo Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
También, de los recursos obtenidos por la venta de inmuebles sin construcción que sean propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Asimismo, de recursos asignados al Congreso de la Unión, al Poder Judicial y organismos autónomos que también se propone desaparecer.
De igual modo, de gobiernos de los estados, de las Legislaturas y Poderes Judiciales locales, de las administraciones municipales “o de cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante el ISSSTE o el IMSS.
“Así como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro social y 37 de la Ley del INFONAVIT”.
El Fondo se complementará con aportaciones por el reintegro de recursos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial, decisión que fue impugnada y se encuentra en litigio.
Recibirá el dinero que se obtenga con la eliminación de organismos autónomos, órganos reguladores, y los otros 16 organismos descentralizados y desconcentrados que el Ejecutivo ha pedido eliminar.
Del 25 por ciento del remanente de utilidades netas que se obtengan por ingresos de empresas paraestatales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR); y de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de esos recursos.
Se nutrirá también de las cantidades que surjan de las enajenaciones de los inmuebles propiedad de la nación que posea el ISSSTE, de las inversiones que se deriven del patrimonio del propio Fondo, de donaciones y cualquier otra aportación de personas físicas o morales.
En la argumentación, el Presidente señaló que la finalidad de la reforma es dar marcha atrás a los ajustes legales en la materia impulsados en 1997, durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo; y en 2007, por el entonces Presidente Felipe Calderón, los cuales provocaron que los trabajadores no pudieran pensionarse con el monto de su último salario.