Las 20 iniciativas de reforma enviadas por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, 18 de tipo constitucional y dos más a leyes secundarias, una a la Ley del ISSSTE y cambios a distintos ordenamientos en materia de simplificación “orgánica”, contempla, como anticipó el Jefe del Ejecutivo, la desaparición de organismos autónomos, incluyendo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, junto con organismos reguladores del sector energético.
Los proyectos ya fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria del recinto parlamentario.
Las modificaciones tocan materias refieren a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua, protección y cuidado de animales, así como ajustes a la Guardia Nacional, para integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
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México libre de maíz transgénico
Las iniciativas que ya fueron difundidas en el órgano de comunicación parlamentario, prevén reformas constitucionales en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua.
El objetivo es declarar libre al país de maíz transgénico, autorizar asignaciones para el uso personal y doméstico de agua, e impedir prácticas como la minería a cielo abierto y el fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos o fracking.
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Cuidado animal
Los cambios a los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna, en materia de protección y cuidado animal, prevén emitir una ley en la materia, que los planes de estudio incluyan la protección y cuidado de los animales.
Establecer la prohibición del maltrato y la obligación del estado de garantizar la protección, conservación y cuidado de los animales.
Guardia Nacional
Las reformas en materia de Guardia Nacional, prevén integrar ese cuerpo de seguridad creado inicialmente con carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El Ejecutivo indicó que para los integrantes de la Guardia resulta “atractivo” pertenecer a SEDENA, ya que el organismo de seguridad está sujeto a una disciplina similar a la de las Fuerzas Armadas, cuenta con los mismos beneficios salariales y de prestaciones.
Planteó reconocer a la Guardia como una Fuerza Armada de carácter permanente, de origen y formación castrense, adscrita a la SEDENA.
Pidió que se le otorguen facultades para coadyuvar en la investigación de delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
Prohibición del uso de sustancias tóxicas
Las modificaciones a los artículos 4 y 5 constitucionales, establecen que se prohibirá la producción, distribución y enajenación de cigarros electrónicos, vapeadores y otros sistemas similares.
También se prohibirá la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el uso ilícito del fentanilo.
Prisión preventiva oficiosa contra la extorsión
El Ejecutivo pidió modificar el artículo 19 constitucional en materia penal, para reforzar la persecución de los delitos de extorsión, narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, la defraudación fiscal, el contrabando y expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales y facturas que amparen operaciones simuladas o inexistentes.
Los cambios agregan que los juzgadores podrán ordenar la medida de prisión preventiva oficiosa en casos de producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, narcomenudeo y extorsión, así como el contrabando, defraudación fiscal y emisión ilícita de comprobantes fiscales.
Consulta a pueblos indígenas y afromexicanos
El Presidente propuso integrar a la Constitución el reconocimiento de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derecho público, reconocer sus sistemas normativos y especificidades culturales.
Asimismo, pidió dar rango constitucional al derecho de consulta libre, previa e informada y “de buena fe” cuando se pretenda implementar medidas legislativas y administrativas que puedan afectar significativamente su vida y entorno. Ello, para que den su consentimiento y puedan llegar a acuerdos.
Lo anterior, para la realización de proyectos que ameriten la actividad del Estado a través de concesiones, permisos, autorizaciones u otras medidas administrativas y legislativas que involucren a particulares con fines de lucro. Con ello, las comunidades recibirán beneficios y se evitarán abusos en su contra.
Pensiones de adultos mayores, personas con discapacidad y Sembrando Vida
El mandatario pidió aprobar distintas modificaciones al artículo 4 del texto constitucional, para ampliar el rango de edad hasta 65 años, en las pensiones para población con discapacidad.
Planteó establecer expresamente en la Constitución, que las pensiones para adultos mayores se entregarán a partir de los 65 años de edad, ya que la norma vigente marca que ese beneficio se entregará a partir de los 68 años.
Asimismo, propone cambios al artículo 27 de la Carta Magna para dar rango constitucional al programa Sembrando Vida y otros apoyos anuales y gratuitos con distribución de fertilizantes, apoyo a pequeños pescadores.
También, planteó mantener los precios de garantía en maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable.
Austeridad
El Presidente volvió a presentar cambios constitucionales en materia de austeridad republicana y remuneraciones de servidores públicos, incluyendo el artículo 127 de ese ordenamiento.
Lo anterior, para que se ajusten las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial, poniendo como límite el pago al Presidente de la República; para afianzar el principio de austeridad republicana; prohibir la duplicidad de funciones entre entes públicos federales y locales y los gastos “superfluos” como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro.
También, pagos por separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro “especiales”, y seguros de gastos médicos y vida privados.
Salarios de maestros
Pidió reformar el artículo 123 constitucional, para que los maestros y maestras de tiempo completo a nivel básico, policías, los integrantes de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, médicos y enfermeros, reciban un salario mensual que no podrá ser menor al del promedio de los trabajadores registrados en el IMSS.
De igual modo, que el aumento al salario mínimo general “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.
Atención médica integral, universal y gratuita
El paquete de reformas incluye cambios al artículo 4 constitucional, para establecer expresamente la obligación del Estado a garantizar la atención médica integral, universal, gratuita, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.
Ello, con el fin de cumplir plenamente con el derecho humano a la salud.
Reforma electoral
La serie de cambios electorales propuestos por el Ejecutivo, contemplan la reducción a la mitad, del financiamiento a partidos políticos, respecto a sus gastos ordinarios y para el gasto en campañas en temporada electoral.
Prevén ajustar el acceso a partidos políticos a espacios en radio y televisión con fines electorales, a través de un nuevo modelo de comunicación política.
Contemplan unificar las autoridades electorales, eliminar los organismos públicos locales (Oples), así como los tribunales electorales de los estados.
El Presidente insistió en que se debe “suprimir” al Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Establece el “fortalecimiento” de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la elección de sus integrantes por voto popular.
Plantea “achicar” el Congreso de la Unión, eliminando las 200 diputaciones federales plurinominales, y que la Cámara de Diputados se conforme por 300 integrantes. Pide eliminar la mitad de los escaños en el Senado de la República, para que este se integre por 64 congresistas.
Promueve el voto electrónico, la reducción de integrantes en Congresos estatales, ayuntamientos y alcaldías.
En artículos transitorios, señala que los consejeros del nuevo “INEC” y del Tribunal Electoral, serán electos de manera Extraordinaria, el domingo 1 junio de 2025.
Pide AMLO eliminar autónomos, órganos reguladores y otros 16 organismos públicos
En el paquete de iniciativas de reforma constitucional enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se incluyen las modificaciones al artículo 123 de la Constitución en materia de pensiones; al artículo 28, con el fin de que se retome el uso de vías férreas para transporte de pasajeros.
Asimismo, incluye cambios en el rubro de industrias estratégicas del Estado, la reforma al Poder Judicial, vivienda para los trabajadores.
Ferrocarriles de pasajeros
En el caso de la reforma al artículo 28, sobre el transporte férreo de pasajeros, esto se llevará a cabo a través del otorgamiento de “asignaciones” a empresas públicas o concesiones a empresas privadas, y del establecimiento de reglas equitativas de competencia.
El proyecto señala que el transporte de pasajeros y de carga por tren, será un área prioritaria para el desarrollo nacional. Los concesionarios en materia de carga, podrán obtener concesiones para el transporte de personas, al cual deberán darle preferencia.
Reforma eléctrica
Los ajustes a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna sobre industrias estratégicas del Estado, señalan que la planeación y control del sistema eléctrico nacional no son monopolios, sino actividades donde el Estado debe ejercer en exclusiva, por ser áreas estratégicas.
Indica que la planeación y control del sistema eléctrico tendrán por fin preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer electricidad al menor precio posible., evitando el lucro, todo ello, a través de la empresa pública del Estado, es decir, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plantea reglas de participación de particulares en las “demás” actividades de la industria eléctrica, y no podrán prevalecer sobre la empresa del Estado.
Elimina el concepto de “empresa productiva del Estado” por ser considerado neoliberal, para sustituirlo por “empresas públicas del Estado”.
También borra la obligación de las empresas públicas de cumplir con el concepto de “mejores prácticas”, por ser neoliberal y de tipo corporativo.
Reforma judicial
El bloque de reformas incluye los cambios al Poder Judicial con los que se pretende establecer el método de selección por voto en urnas, de ministros, jueces y magistrados.
También prevé la destitución de todos los juzgadores en funciones, en septiembre de 2025; y un sistema de elecciones en los que, los aspirantes a esos puestos serán propuestos por el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el propio Poder Judicial.
Vivienda para los trabajadores
El Ejecutivo pidió modificar nuevamente el artículo 123 constitucional para convertir el INFONAVIT y sus mecanismos de financiamiento en un “Sistema de Vivienda para todas las personas trabajadoras” integradas al apartado A.
La finalidad es otorgar créditos baratos y suficientes para vivienda, acceso a vivienda en arrendamiento, y la participación del INFONAVIT en la construcción y acciones de vivienda.
En el caso de la renta de viviendas a cargo del INFONAVIT, el cobro no podrá ser mayor al 30 por ciento del salario del trabajador; podrán rentar personas trabajadoras con un año de cotización; y se dará preferencia a los trabajadores con mayor tiempo de cotización y que no tengan vivienda propia.
Jóvenes Construyendo el Futuro
Propuso integrar a la Constitución, también en el artículo 123, que se otorgará apoyo económico mensual de al menos un salario mínimo, a jóvenes de 18 a 29 años sin trabajo y que no estén estudiando, para que se capaciten en el trabajo durante un año.
Dar rango constitucional al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene por objetivo beneficiar a jóvenes que trabajen durante un año en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, indica el proyecto.
Eliminación de organismos autónomos
El Primer Mandatario volvió a proponer una “simplificación orgánica” que prevé la eliminación de organismos constitucionalmente autónomos y reguladores coordinados en materia energética, por considerarlos propios de los gobiernos neoliberales, fuente de derroche de recursos y espacios burocráticos aprovechados para otorgar bonos, prestaciones y privilegios económicos.
Los ajustes prevén impedir, desde la Constitución, la creación de entes públicos descentralizados y desconcentrados que duplican funciones.
Mandatan al Congreso de la Unión a extinguir o fusionar los organismos señalados, para que sus funciones sean asumidas por dependencias a las que están sectorizadas o de las que ya dependen jerárquicamente.
Planea desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
En artículos transitorios, se plantea que las economías y ahorros a partir de la extinción de las instituciones señaladas, se deberán enviar al “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
Más eliminación de organismos
En una segunda propuesta de simplificación orgánica, el Presidente planteó extinguir, fusionar e integrar 16 órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas, para que sus funciones sean absorbidas por secretarías de Estadoz
Como lo había propuesto anteriormente y se quedó pendiente en comisiones, el mandatario federal solicitó, nuevamente, anular la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (INMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, así como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
De igual modo, propuso eliminar el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Dirección General de Publicaciones, adscrita a la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).