En los países de América Latina y el Caribe (ALC), el crecimiento de la productividad sigue siendo escaso: la productividad laboral promedio ascendió a tan solo un 33 por ciento de los niveles registrados en la OCDE en 2023, mientras que ese mismo año un 27.3 por ciento de la población total de la región vivía en situación de pobreza, el nivel más bajo de las dos últimas décadas, reveló el informe Perspectivas económicas de América Latina (LEO): Financiando el Desarrollo Sostenible.
El estudio elaborado por el bloque de la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea destacó que la pobreza extrema, se ha mantenido persistentemente alta, al afectar a una de cada diez, 10.6 por ciento, personas de América Latina y el Caribe.
“Muchos países mantienen una postura estricta en materia de política monetaria, con el fin de mantener bajo control las expectativas sobre la inflación, y están atravesando una fase de consolidación fiscal, tras el descenso considerable del espacio fiscal de la región después de la pandemia del Covid-19”, señala el informe.
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El texto deja en claro que los países de América Latina y el Caribe deben “mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo”.
Al respecto, Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica resaltó que el crecimiento de la productividad en la región es bajo por lo que se requiere de innovación y de la acción colectiva.
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“El Informe de políticas públicas para América Latina y el Caribe, los aportes de este informe permiten conocer el papel clave que la financiación puede desempeñar para la sostenibilidad de América Latina y el Caribe que es una región de inmenso potencial y diversidad”, expuso.
Respecto a México, los expertos destacan que en cuanto a las políticas para movilizar recursos internos para el desarrollo y mejorar las condiciones fiscales, el país “ha realizado importantes esfuerzos para eliminar la compensación universal entre diferentes tipos de impuestos con el objetivo de reducir la evasión fiscal y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema tributario”.
“Implementada desde 2019, esta política ha generado recursos sustanciales y proporcionado un mayor control sobre los saldos del impuesto al valor agregado (IVA)”, refirió el texto.