La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe especial sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El documento concluye que no existe un proceso de militarización en México o una vulneración a los derechos humanos, y que la participación de las fuerzas armadas responde a un esfuerzo por enfrentar los retos de seguridad en el país.
El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra sostiene que los resultados presentados por las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en mayo de 2023 y en febrero de 2024 “arrojan datos alentadores”.
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La CNDH sostiene que han disminuido, significativamente, los delitos del fuero federal, el robo de hidrocarburos, los homicidios dolosos, las carpetas de feminicidios y de secuestros, así como el robo en general en sus diversas modalidades.
La Comisión destacó que desde 2022, “los medios de comunicación masiva difundieron un mensaje basado en la idea de 'militarización', buscando influir en la opinión pública”.
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Sin embargo, indicó que “esta narrativa no logró calar profundamente en la población, como lo demuestra el elevado índice de aceptación hacia las fuerzas armadas”.
En el informe, la CNDH indica que hay una disminución notable en el número de quejas interpuestas ante la Comisión en contra de las fuerzas armadas, respecto a los periodos correspondientes a las administraciones federales que precedieron a la anterior y a la actual.
Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo 7 mil 808 quejas en el periodo del 1 de noviembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, sin embargo, en la actual administración se presentaron 2 mil 184, una reducción del 72 por ciento.
En tanto, la Secretaría de Marina alcanzó su pico más alto en el periodo del 1 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 con mil 808 quejas, mientras que en la presente administración hay una disminución aproximada del 58 por ciento.
Reconoció que las quejas en la actualidad se relacionan con el incumplimiento de principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; la falta de cumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias; y la prestación indebida del servicio público.
Admitió que es necesario mantener una capacitación constante en la protección de los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza.