Una jueza federal concedió el primer amparo a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) que impugnaron la reforma judicial, por lo que ordenó dejar insubsistentes los actos del proceso de reforma, así como los actos realizados en vía de consecuencia.
Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa con residencia en Zapopan, Jalisco, justificó su resolución al argumentar que en el proceso legislativo hubo un efecto corruptor, puesto que se presentaron diversas irregularidades, desde la amenaza, coacción y soborno en contra de diversos senadores, generando vicios en su consentimiento.
Indicó que el proceso legislativo también violó la Ley Orgánica del Congreso General, por el traslado a una sede alterna, sin garantías de identificación, ni quórum de las personas que votaron el dictamen en la Cámara de Diputados.
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Mencionó que la reforma judicial lleva inmersa una serie de cláusulas que, en realidad, conciben un nuevo sistema constitucional y la conformación de un nuevo ámbito judicial, además de que eleva indebidamente al poder reformador a un poder constituyente, pues sin tener las facultades para ello, modifica el régimen de designación de las personas juzgadoras, y transforma al Poder Judicial en una dependencia partidizada y sometida el Poder Ejecutivo y Legislativo.
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Agregó que la reforma no aclara cómo el método de elección popular de los juzgadores no afectará la independencia, al subordinar a los impartidores de justicia a un electorado y sus propias visiones e ideologías.
Tampoco explica como en el ejercicio natural a un proceso electoral de pedir el voto, no hará que, necesariamente, la persona candidata a un puesto en la judicatura adquiera compromisos electorales, lo que implica, la presión externa proveniente de un electorado.