Con una manta desplegada frente al Senado de la República que rezaba: “Sin transparencia, no sabemos qué hacen nuestros gobiernos”, integrantes de 264 organizaciones sociales periodísticas, académicas y defensoras, expresaron su rechazo a “esta decisión que hoy están tomando las comisiones del Senado de la República para aprobar la eliminación del INAI (el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información), y pedimos que se deseche en el Pleno”.
“El reclamo y rechazo es legítimo porque se contaba con un diseño institucional que funcionaba frente a la resistencia de las autoridades y se está sustituyendo por un esquema débil, que privilegia la opacidad y le apuesta a la cultura del secreto; sin instituciones autónomas y especializadas para proporcionar información, se prevé una disminución en los niveles de transparencia y dificultades para acceder a datos a través de solicitudes de acceso a la información. Sin información pública no hay democracia y no sabemos qué hacen los gobiernos”, manifestaron los una veintena de inconformes al leer su pronunciamiento sobre avenida Reforma en la Ciudad de México.
“La ciudadanía necesita información para ejercer otros derechos y para que los gobiernos rindan cuentas. Sin información se pierde la posibilidad de que la sociedad se informe y esto solo beneficia gobiernos discrecionales y de sombras. La decisión de la Cámara de Diputados es regresiva y busca dejar al pueblo indefenso y en desprotección ante los abusos del poder. Exigimos al Senado que cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no apruebe esta reforma”, enfatizaron.
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Con esta reforma “México dejará de ser un referente en el mundo en materia de transparencia para convertirse en un modelo de opacidad... vemos que esta es la culminación de varias estrategias de debilitamiento institucional que se emprendieron desde 2021 a través de narrativas de desprestigio hacia el INAI, la falta de designación de sus integrantes que le impidió operar por meses y que actualmente quieren desaparecerlo definitivamente. Al quitarle la autonomía al INAI y transferir sus funciones a una secretaría perteneciente al poder Ejecutivo, se eliminan los mecanismos de inconformidad preexistentes y en caso de que determinada dependencia del Ejecutivo se niegue a otorgar información, se generarán obstáculos para sancionarla o un posible conflicto de interés porque sería el mismo poder verificando cómo se entregó la información”, reclamaron.
“Ante el bajo nivel de acatamiento de la ley en nuestro país, es necesario que sean instancias con una jerarquía más alta y con autonomía quienes sancionen a las instituciones que no cumplan con sus funciones”, remarcaron.
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Al momento, el INAI “es la tutela de dos derechos humanos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, la especialización permite al órgano garante establecer criterios de protección basados en los más altos estándares en la materia. Contar con un órgano autónomo especializado con estas características colocó a México como un referente mundial en materia de transparencia en 2015. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no es una institución especializada en la defensa y protección del derecho de acceso a la información. Tiene al menos otras 10 funciones, por lo cual carece de conocimiento técnico para desarrollar esta labor”, recalcaron.
En un análisis comparativo entre países que cuentan con una institución que garantiza la información, al menos 50 tienen autonomía técnica; en cambio, México le dejará esta obligación a una Secretaría que no está especializada en la materia y que además depende de la Presidencia de la República, lo cual pone en riesgo el cumplimiento imparcial de sus funciones y levanta suspicacias del control de la información pública que nos pertenece a todas y a todos”, concluyeron.
Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, comentó que “este gobierno y más que gobierno, este proyecto político que ha logrado una hegemonía sobre otras fuerzas políticas y sobre otras voces sociales, está en una lógica de regresión democrática y de regresión en materia de derechos. Lo que estamos viviendo en tiempo real es lo que se conoce como erosión democrática, no solamente por la desaparición de instituciones garantes de estos derechos, sino por lo que eso significa en la vida cotidiana de las personas. Al no acceder a la información, no accedemos a muchos otros derechos. Se va a dar en la opacidad programas sociales, licitaciones públicas, el ejercicio de nuestros recursos públicos, lo que pagamos de nuestros impuestos, pues queda a discrecionalidad de un grupo de personas que están asestando un golpe mortal a nuestra de por sí incipiente democracia”.
“Con ese antecedente de la filtración de datos personales de periodistas que acudían a la conferencia matutina del Ejecutivo en el sexenio anterior, damos cuenta de que no hay la capacidad de resguardo de esos datos y, sobre todo, no hay el interés... pero no van a ser los únicos. Porque la función que ejercía el INAI era la de garantizar que esos datos estuvieran resguardados, no solamente por los sujetos obligados del Estado mexicano, sino por los propios particulares. ¿Dónde va a quedar esa función de protección? Eso no nos lo resuelve la reforma, ¿quién se va a encargar de los datos personales? cuando vimos ya que no son capaces de hacerse cargo ni en la propia Presidencia de la República… esto pone en vulnerabilidad a millones de personas, sabemos que hay un mercado negro de venta de datos”, advirtió Maldonado.