La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la tómbola y la convocatoria que emitió el Senado de la República para la elección de ministros, magistraturas de circuito y electorales, así como para juzgados de distrito.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, rechazaron los proyectos de la magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes proponían revocar ambos procedimientos, pues no se ajustaron al decreto de la reforma judicial.
Al respecto, Reyes Mondragón explicó que, al realizar el desahogo de la insaculación, la Cámara Alta no tomó en cuenta la especialización por materia de cada juzgador y mucho menos, realizó dicho análisis por cada uno de los 32 circuitos judiciales en los que se encuentra dividido judicialmente el país en el ámbito federal; además, contabilizó el número de vacancias como si fueran cargos perfectamente intercambiables, lo cual, dijo, podría tener efectos demoledores.
“La reconfiguración judicial que resulta de esta insaculación tendrá efectos demoledores para el acceso a la justicia de las y los ciudadanos, pues de validarse la lista respectiva, no hay manera de garantizar que habrá suficientes personas juzgadoras en cada materia y en cada circuito para resolver las demandas de las y los mexicanos”.
Por su parte, la magistrada Otálora Malassis destacó que los legisladores fueron omisos al no prever un mecanismo para evitar la postulación de personas con algún vínculo partidista.
“Si se le exige a una persona funcionaria pública que cumpla con la declaración 3 de 3, estimo que obviamente una persona impartidora de justicia debe aún más cumplir con este requisito. Que no tengan, quienes pretendan ocupar un cargo en la impartición de justicia, que no tengan un pasado de militancia en un partido político, esto también me parece ser, debió haber sido un requisito fundamental”.
Como parte de su resolución, la Sala Superior del TEPJF vinculó al Senado para que regule la situación de las juezas y jueces que por no tener adscripción, no fueron contemplados en el proceso de insaculación, lo que los deja en una situación de indefensión.