Luego de que la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) aplicó entrevistas a unos 53 mil migrantes que se alojaron en sus 23 albergues desplegados en 13 estados del país en 2023; destaca que “es aproximadamente un 50 % más probable que la violencia contra una persona migrante sea registrada como perpetrada por autoridades migratorias que por el crimen organizado”; además, en su informe de resultados señalan que los agentes de migración “son los perpetradores más comunes de extorsión y agresiones físicas o verbales, mostrando un posible patrón de abuso de poder”.
Los agentes de migración perpetraron actos de extorsión en un 45 %, mientras que los policías en un 34.4 %, según declaraciones de los migrantes sin documentos.
“Estas violencias superan la delincuencia común y el enfoque de militarización de la gestión migratoria, en lugar de reconocerlas como sujetas de derechos, las caracteriza como potenciales enemigos, asignando tareas migratorias a policías y a militares. También estamos observando la detención de niñas, niños y adolescentes. La impunidad hace que las personas que sufren delitos deciden no denunciar y cuando lo hacen se enfrentan a una ausencia de mecanismos de justicia eficientes. Su finalidad parece ser la de desgastar al máximo posible a las personas para que desistan llegar al norte del país. Estamos frente a un desmantelamiento del sistema de asilo en México. Las autoridades se centran en detener y deportar. Estamos viendo rasgos de una gestión criminal de los flujos migratorios, tanto en las rutas como en las personas. Observamos uso de tácticas de terror para el control del tráfico de personas, como la tortura, el control de territorios y cobro de piso, uso de nuevas formas de explotación y trabajo forzado, secuestro, desaparición forzada, violencia sexual en contra de mujeres, niñas y niños, personas que refieren ser detenidos por agentes migratorios para después ser entregados a grupos criminales”, detalló Sergio Luna, director del albergue La Sagrada Familia, parte de la REDODEM.
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En el reporte se apunta que criminales asaltaron a un 47.2 % de los migrantes consultados, el 15% fe las víctimas fueron sometidos con arma de fuego y 9% con arma punzocortante.
En este marco, Daniel MacGuire, oficial superior de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que “el 75 por ciento. Estoy hablando del 2024, 75 por ciento de las personas entrando en México está diciendo que si está huyendo de temas de violencia; el tema de economía, sí, eso es lo más importante para muchas personas. Pero 50 por ciento está diciendo ‘yo he tenido un problema de violencia o persecución en mi país y por eso estoy saliendo’. 40 por ciento está diciendo que ‘hay violencia generalizada en mi país, entonces estoy saliendo por eso’, el conjunto es este 75 por ciento. 50 por ciento de mujeres están saliendo por razones de violencia. Lo que podemos ver es que ciertas mujeres si se enfrentan tipos de violencia mucho más fuerte que otras: colombianas, cubanas, haitianas, hondureñas y venezolanas, señalan que hay un incremento de la violencia enfrentando a hombres. Eso se ve sobre todo en Tamaulipas. En la frontera norte, extorsión, robo, violaciones. En Reynosa estamos hablando de 80 por ciento de las personas que se ha encontrado un tipo de violencia ahí”.
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Finalmente, Sergio Luna, director del albergue La Sagrada Familia, parte de la REDODEM, habló del triunfo de Donald Trump: “en cuanto a los posibles impactos que en México se observen en relación con la política migratoria de Estados Unidos, consideramos que el escenario inmediato es complejo. Aunque ya hemos tenido la experiencia del primer ejercicio de Donald Trump, podríamos ver el cierre de las fronteras para reducir el paso de personas migrantes, operativos de deportación masiva, la revocación del estatus temporal y de programas de protección como el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), la suspensión del programa de refugiados y asilo, que se puedan reactivar, la política del llamado ‘Título 4’ utilizado durante la pandemia (del COVID 19) para deportar a las personas, o la restricción del derecho a la ciudadanía automática para niñas y niños nacidos en Estados Unidos. A esto hay que agregar el incremento de venezolanos en el próximo año que se integren a los movimientos migratorios. También puede haber aumento de la violencia y del tráfico de personas. Creemos que en todo esto quien gana es el crimen organizado”.
“También observamos la urgencia de ampliar las capacidades de atención humanitaria, albergues de migrantes, parroquias. Desafortunadamente la política migratoria del Estado mexicano no cuenta con esta mirada de enfoque humanitario”, concluyó Luna.