Bajo un clima de tensión, que llevó a un duro desencuentro entre priistas y morenistas, el Senado de la República emitió la declaratoria de validez de la reforma en materia de “supremacía constitucional”.
Tras dar cuenta del voto aprobatorio de 23 congresos locales, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró la constitucionalidad de la reforma que impide que los cambios y adiciones a la Carta Magna sean impugnados.
El trámite fue realizado ante la presencia de senadores del PRI, que fueron los únicos legisladores de oposición que se dieron cita en el salón de sesiones para tratar de frenar la declaratoria de validez.
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Desde su escaño, el coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve, advirtió que no se trata de una reforma en materia de “supremacía constitucional”, sino de la nueva Ley de Herodes.
Las cosas fueron subiendo de tono e incluso, por un momento, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, intentó frenar el debate consultando si el asunto estaba suficientemente discutido, aunque algunos priistas solicitaron palabra.
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Esta situación provocó el enojo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien subió hasta la tribuna para encarar al morenista, quien a gritos exigió respeto.
A la tribuna subió también la morenista Lucía Trasviña, quien se postró en medio de los dos legisladores e incluso soló un codazo a la senadora por el PRI, Guadalupe Toledo.
Luego del desencuentro, Gerardo Fernández Noroña no tuvo más que abrir espacio a la discusión en el que continuaron las descalificaciones entre priistas y morenistas.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López, presumió la fuerza de su partido, que, dijo, la otra semana llegará a 89 senadores, mientras el PRI, dijo, está en extinción.
En respuesta, Alejandro Moreno llamó a Morena a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y aprender de la institucionalidad del PRI.
Al final, la reforma se remitió al Ejecutivo Federal, con una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que dé por sobreseídos los amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra la reforma al Poder Judicial.