En México, permanece la impunidad por arriba del 90 por ciento, solo 7 de cada 100 casos que llegan a las fiscalías estatales tuvo resolución, revela el estudio “Hallazgos 2023: Evaluación de la justicia penal en México”, presentado por México Evalúa.
De acuerdo a los resultados del informe, la impunidad directa alcanzó al 93.63 por ciento de los expedientes que se encontraban bajo investigación durante 2023. Y aunque hay una mejora de alrededor de tres puntos respecto de 2022, el indicador se ha mantenido por encima de esta cifra a partir de 2018.
Entre los delitos donde la impunidad se elevó, están los de alto impacto; extorsión, homicidio doloso y desaparición, reportados como los menos resueltos.
“Algunos estados han implementando políticas innovadoras que empiezan a dar resultados como es el caso de Querétaro, que ha logrado reducir el uso de la prisión preventiva oficiosa, y Coahuila con su atención interinstitucional a la violencia de género. Sin embargo estos esfuerzos no ha sido la norma en todo el país y la impunidad sigue siendo un problema crítico con un índice del 93.63 por ciento a nivel nacional para delitos del fuero común”, detuvo Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
En el capítulo dedicado a la efectividad de la justicia penal, la organización señala que la impunidad directa es aquella que se refiere a la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa advirtió que contrario a lo que se ha hecho creer en últimas fechas, los culpables de los retrasos en los procesos judiciales son las fiscalías y no en el poder judicial.
“Lo que podemos advertir es que la tasa de congestión de las fiscalías en la tasa de escasos que no se resuelven es mucho más altas en sede ministerial que en los poderes judiciales. Esta visión que nos han vendido en últimas fechas de que los tribunales son los culpables de los retrasos de los procesos y es donde no se hace efectiva la justicia, tenemos datos que nos revelan otra cosa, muchos de los casos se están quedando en las fiscalías, los poderes judiciales resuelven alrededor del 68 por ciento de lo que está en sus posibilidades”, expresó.
Señala el informe que al día de hoy, el sistema acusatorio y oral ha sido implementado a cabalidad, pero la calidad de la justicia penal es extremadamente pobre.
La titular de México Evalúa, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que las políticas públicas en materia de seguridad y justicia estén alineadas y respeten los derechos humanos, además que no decaiga el derecho de acceso a la información, esto luego de que se concrete la desaparición del Inai.
“Hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los tomadores de decisiones en dos sentidos, primero que nada para que las políticas públicas de seguridad y justicia estén alineadas y centradas en el respeto a los derechos humanos. Les pido a nuestras autoridades que no renuncien a nuestros derechos humanos en nuestro país. La reforma al sistema de justicia debe tener una visión más amplia que considere no sólo la estructura judicial sino las políticas de derechos humanos y seguridad.
En segundo lugar quiero hacerle un llamado para que no decaiga nuestro derecho de acceso a la información”, dijo.