La University Network for Human Rights (UNHR) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar) exhortaron a la creación de “un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones”, conformado por actores nacionales e internacionales; esto constituye “el desafío más grave en la materia que enfrentará” la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: "Al menos 115 mil 275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de ellas, aproximadamente el 85% ocurrieron a partir de diciembre de 2006”, apuntan.
La presidenta de México “tiene la oportunidad de establecer acciones dirigidas a dar un tratamiento digno, respetuoso de derechos y que se basen en los mayores estándares de protección. UNHR y Fundar urgimos a la administración entrante a reconocer la magnitud de la problemática. De igual manera, llamamos a que Claudia Sheinbaum presente lo antes posible una estrategia clara para poder enfrentar la situación”, exhortaron.
Ante la liberación del informe “Las desapariciones en México: Impunidad activa, y obstáculos en materia de justicia y búsqueda”, ambas agrupaciones resaltan que “desde hace dos décadas, México está inmerso en una profunda y severa crisis en materia de derechos humanos, que deriva de la violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada y al combate en la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’; la crisis se ha agudizado por la impunidad activa y la falta de respuesta efectiva del Estado para enfrentarla”.
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“Fundar y UNHR hemos identificado la existencia de un marco institucional permisivo de la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ha llevado a una “impunidad activa”, la cual no deriva únicamente de la ausencia de capacidades de las instituciones, sino de “una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”.
“Evidenciamos la falta de voluntad estatal en la búsqueda e investigación, donde las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos en el acceso a la justicia, en los tres niveles de gobierno, por una complicidad entre autoridades y delincuencia organizada. La inacción y falta de capacidad del Estado ocasiona que las y los familiares de personas desaparecidas se vean obligados a asumir los deberes del Estado en materia de investigación y búsqueda —ya sea de manera individual o colectiva, y con impactos agravados y diferenciados para las mujeres, quienes, no solo padecen el trauma de la desaparición y la ruptura que este crimen ocasiona en todos los ámbitos de su vida, sino que se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado”, agregan los defensores humanitarios.?
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Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, señaló que “ante la falta de respaldo y confianza por parte de la sociedad y las víctimas en la labor del Estado, las investigaciones realizadas por un mecanismo internacional, pero en colaboración con autoridades nacionales, pudieran contar con una mayor legitimidad”.??“Este mecanismo híbrido ofrece una clara alternativa para alcanzar justicia por parte de miles de víctimas y familias en México. Sin este, la justicia y verdad de estas personas se encuentra subordinada a poderes de facto —como el poder político, la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas en México”, añadió Sofía Galván, asesora Senior de UNHR.