El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que el 61.5% del territorio mexicano padece sequías que han limitado el acceso al agua en los hogares en las últimas semanas; esta afecta a mil 613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales y sin embargo, la gestión del agua parece no ser una prioridad para las autoridades, subrayó.
Las zonas más impactadas se encuentran en las regiones norte y centro y advierte que es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país. La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas; como muestra, México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 °C en los últimos 40 años, recalcó el Instituto.
El IMCO apuntó que el país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a esta realidad y por ello destacó que entre sus propuestas destaca la modernización de la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México.
La toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos –en los tres niveles de gobierno– y privados con diferentes intereses y responsabilidades. Por ejemplo, actualmente existen 2 mil 826 organismos operadores de agua, sin embargo la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua.
Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas. En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma constante en las últimas décadas, producto del crecimiento demográfico, la mala gestión y el crecimiento en la producción agropecuaria, entre otros factores. En 1960 la disponibilidad ascendía a 10 mil metros cúbicos (m3), mientras que para el año 2000 se había reducido a 4 mil m3. Actualmente, se encuentra en 3.2 mil m3 y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación.