La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en el Pleno, el dictamen con 20 nombramientos de magistrados de distintas salas, principalmente regionales, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, propuestos por el Presidente de la República.
Las nominaciones fueron avaladas con 19 votos a favor, 9 en contra y cinco abstenciones.
De inmediato, los seleccionados por el Ejecutivo Federal rindieron protesta en el cargo.
Debate sobre magistrados afines a Morena
En la discusión, diputados y senadores de oposición advirtieron que las designaciones están marcadas por las “cuotas y cuates” del Primer Mandatario y funcionarios de su gobierno.
Sentenciaron que no votarían a favor de integrar al Tribunal de Justicia Administrativa, a un militar, a la hija de la Consejera Jurídica del Gobierno Federal, hijos y familiares de otros servidores públicos de la actual administración.
“Vienen aquí a pretender colonizar al Tribunal, con un largo listado de personas que son en su mayoría abogados del Presidente, esto no es menor, son 10 personas al menos con un serio conflicto de interés, un militar y otros más con redes de nepotismo, ¡así no!”, reclamó la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros.
18 de 20 perfiles no idóneos: PAN
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, sentenció que en las nominaciones de los nuevos magistrados, imperaron las “cuotas y cuates” del Ejecutivo Federal y sus funcionarios cercanos, como la consejera jurídica, María Estela Ríos González.
Subrayó que su partido no votaría a favor, “toda vez que carecen de la independencia e imparcialidad que exige llevar a cabo los trabajos de justicia administrativa”, remarcó.
“Vemos claramente que se vuelve al tema de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de cuotas y de cuates”, remarcó Téllez Hernández.
La oposición enfatizó que de los 20 magistrados propuestos, 18 no cumplían con los requisitos de ley, algunos por no tener la experiencia técnica necesaria y otros, por conflictos de interés, lazos familiares y su afinidad con el Gobierno Federal y el partido Morena.
Entre otras personas, el legislador mencionó a Maricela Lecuona González, exabogada general de la Secretaría de Salud federal.
Señaló a Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hizo del exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, que dejó el puesto señalado, para candidatearse por la gubernatura de Guanajuato.
Rosendo Gómez Silván, indicó, fue titular del Centro Nacional de Identificación Humana del Gobierno Federal y es hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial para la Investigación y el litigio del caso Ayotzinapa.
Magali Iraís Mendoza Ríos, es hija de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, enfatizó.
También como cercanos a la consejera Ríos González, identificó a Diana Tecotero Juárez, Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez y Claudia Angélica Nogales.
Surit Berenice Romero Domínguez, agregó, fue subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así como encargada de ese despacho.
Ricardo león Caraveo y Aarón Marino Álvarez Montiel, son personas a quienes se asocia al extitular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, expresó.
El general Miguel Carrasco Hernández, enfatizó el diputado Téllez, fue la “cuota militar” entre los nombramientos de magistrados, ya que fue fiscal general de Justicia Militar.
Magistrados propuestos por AMLO cumplen requisitos
Al argumentar a favor de las propuestas del Ejecutivo, diputados y senadores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) aseguraron que son personas capaces que cubrieron el perfil establecido en la ley.
Negaron que la revisión de sus perfiles se haya llevado a cabo de manera irregular en las comisiones de trabajo de la Permanente, aunado a que sus respectivas entrevistas fueron transmitidas por el Canal del Congreso.
Aseguraron que quienes están inconformes con los nombramientos, son aquellos que cuando fueron gobierno, en referencia al PAN y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se repartían los puestos públicos, y lo siguen haciendo, a través de sus convenios electorales, como el que suscribieron en el estado de Coahuila.
“Y no se puede tener una lectura aislada de esta postura, respecto a lo que ocurrió en Coahuila, repartiéndose notarías, el Instituto de Transparencia que supuestamente es autónomo, magistraturas en el Tribunal Supremo del Estado, direcciones de instituciones educativas, todo lo que puedan distribuirse como botín, así ven la política”, señaló el diputado morenista Hamlet García.
El congresista aseguró que el partido Movimiento Ciudadano aplica esas mismas prácticas en los estados que gobierna, como el de Jalisco.