La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso reformas a la Ley de la Guardia Nacional, con el fin de eliminar de las facultades de ese organismo de seguridad, la inspección y revisión de documentos migratorios de las personas extranjeras que pasan por el territorio mexicano.
La diputada federal Ana Laura Valenzuela y otros integrantes de la fracción albiazul en San Lázaro, argumentaron que su intención es “evitar la militarización en el tema migratorio y lograr el pleno respeto de los derechos de los migrantes”.
Plantearon reformas al artículo 9 de la Guardia, para ajustar las facultades de esa institución.
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Incidentes entre migrantes y militares
Los legisladores del PAN recordaron que en los primeros meses del 2023, se registraron 70 mil 526 “incidentes” con migrantes en situación irregular, lo que representa un aumento de 54.6 por ciento en comparación con 2022.
En esas eventualidades, los principales afectados fueron hombres, con 66 por ciento de los casos, mientras que esos sucesos afectaron en poco más del 33 por ciento a mujeres.
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Las autoridades emitieron 11 mil 91 tarjetas de residencia temporal, y 12 mil 398 tarjetas de residencia permanente, agregaron.
Entre otras agresiones cometidas por militares contra migrantes, se han denunciado detenciones arbitrarias, trato inhumano, deportaciones “sumarias”, falta de acceso a procedimientos de asilo, impedimento de acceso a servicios médicos y legales, indicaron.
Quejas contra la Guardia Nacional
Citaron datos de la organización Amnistía Internacional para señalar que entre otras vejaciones, se han denunciado casos en que elementos de la Guardia Nacional retienen por horas a migrantes, los obligan a desnudarse; los ha atacado con escudos, botas, puños, extintores de incendio, pulverizadores de pimienta, armas Taser, bates y otro tipo de objetos.
En su actuación general, no solo con migrantes, la Guardia recibió 424 quejas por actos contra derechos humanos, incluyendo tortura, tratos crueles e inhumanos, uso desproporcionado de la fuerza, intimidación, retención ilegal y apropiación de bienes inmuebles, refirieron.
De acuerdo a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la participación de militares en labores de contención de migrantes, ha provocado “numerosos” casos de violaciones a derechos humanos.
Desmilitarizar el tema migratorio
Consideraron que en la atención a los migrantes que se internan en el país, en el intento de establecerse aquí o cruzar a Estados Unidos, debe impedirse que elementos militares y de seguridad que integran la Guardia Nacional, puedan inspeccionar los papeles migratorios.
Al manifestar que ese es un factor de militarización del fenómeno migratorio, subrayaron que esa actividad permitida a los miembros del cuerpo de seguridad, abre la puerta a violación de derechos y anula el enfoque humanitario que debería tener el tema migratorio.
Restar las facultades señaladas a la Guardia tiene como fin “garantizar un tratamiento más respetuoso de los derechos de las personas en movimiento y evitar el uso de recursos y personal militar en labores que podrían distar de su principal competencia”.
Asimismo, se busca “humanizar” el trato a los ciudadanos provenientes de otras naciones que entran al país de manera irregular y promover el respeto a sus derechos.
Manifestaron que la intervención de elementos militares en labores de tipo migratorio genera un clima de tensión y desconfianza entre la población, las personas en condiciones de movilidad, y las autoridades que se encargan de la revisión.
A las vejaciones que sufren los migrantes que entran a México en búsqueda de seguridad, cruzar al territorio norteamericano y mejorar sus condiciones de vida, se suman las que podrían cometer elementos militares que, al llevar a cabo actividades que no corresponden a la naturaleza de su capacitación, pudieran incurrir en abusos.
Refrendaron que la “militarización” de los controles migratorios puede configurar una violación a derechos humanos, conforme a a la ley a nivel nacional e internacional.
“La inspección y revisión de documentos migratorios por parte del personal militar podría generar situaciones que vulneren los derechos de las personas en movimiento, tales como detenciones arbitrarias, tratos inadecuados o falta de acceso a la debida asistencia legal y humanitaria”, alertaron.