En la Cámara de Diputados, arrancó el parlamento abierto en que se analizará la iniciativa de reforma enviada por el Presidente de la República, con la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
La propuesta del Ejecutivo contempla que los estados se harán cargo de emitir las alertas tempranas sobre desastres y también de apartar los recursos económicos necesarios para atender fenómenos naturales como temblores, huracanes, sequías y otros desastres.
Especialistas participantes, académicos, bomberos, representantes del sector de seguros, coincidieron en señalar que la actualización de esa ley es necesaria.
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Hicieron notar que la propuesta del Ejecutivo tiene algunas imprecisiones conceptuales, no contempla la profesionalización adecuada de las personas que estarán a cargo de las labores de protección civil, le falta abordar de manera integral la gestión de riesgos y requiere precisar las disposiciones sobre los recursos a destinar a la atención de desastres y cuáles serán sus orígenes.
No obstante, es relevante que el asunto se discuta, el proyecto se mejore y las normas en la materia se armonicen con los estándares internacionales.
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Legislar sin sesgos políticos
Al dar por iniciado el debate, la presidenta de la Comisión de Protección Civil del recinto, Ana María Balderas, señaló que la discusión debe ser ajena a colores e intereses partidistas y políticos.
“Prestaremos la debida atención a su voz, a su experiencia, a sus necesidades y a sus inquietudes, a fin de disponer de mayores y mejores elementos de juicio, para poder dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal, por el que se expide la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastre. No estamos para defender posiciones políticas ni partidistas y eso lo quiero dejar claro (…) he pedido que dejemos las banderas, los colores a un lado”, externó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
Iniciativa incompleta
Al plantear el análisis de especialistas universitarios respecto a la iniciativa del Primer Mandatario, Naxhelli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo una serie de señalamientos.
El planteamiento se centra en la protección civil, pero no entra a fondo la gestión de riesgos de desastres, es decir, las acciones para prevenir y preparar la respuesta a futuro ante los crecientes fenómenos catastróficos “en cascada”, como ya se están presentando y seguirán registrándose en los próximos años y décadas.
La iniciativa es muy “similar” a la norma existente, dijo.
Indicó que si la respuesta de las autoridades sigue siendo “centralizada” ante desastres, “peor” le irá a México, porque así es más complicado responder a sucesos como el Huracán Otis, donde el Ejecutivo Federal se empeñó en concentrar la ayuda, lo que entorpeció la misma.
Una nueva ley en la materia, expuso, debe descentralizar las acciones, generar mayor corresponsabilidad con estados, municipios y organizaciones sociales, incluyendo colegios de profesionales.
No contempla el fenómeno de los desplazamientos de población, forzados por desastres, fenómeno que se seguirá agudizando.
Aunque establece obligaciones presupuestales para estados y municipios, agregó, no precisa sobre la necesaria existencia de otros instrumentos financieros para hacer frente al costo de la atención de desastres, incluyendo el financiamiento internacional, ya que los seguros y los bonos catastróficos han resultado insuficientes.
Como ejemplo, indicó que los efectos inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos, “podrían” ser atendidos con 18 mil o 20 mil millones de pesos.
Sin embargo, otros desastres similares al Huracán Otis o un terremoto de 8 grados o más en la Ciudad de México, podrían alcanzar costos de 300 a 500 mil millones de pesos.
El país no cuenta con una gestión financiera adecuada para enfrentar catástrofes, y la nueva ley de protección civil debería contemplarlo, anotó.
“Transferencia del costo” de desastres
En ello coincidió Carlos Omar Jiménez, representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Subrayó la relevancia de que la norma contemple la “transferencia del costo” de catástrofes, porque México es uno de los 10 países a nivel mundial con más exposición ante riesgos por desastres, y del total de la población, se estima que al menos 77 millones de personas están en condición vulnerable.
Como ejemplo de los recursos que implica atender los efectos de ese tipo de emergencias, refirió que en los últimos cinco años, atender fenómenos hidrometeorológicos como lluvias fuertes, nevadas e inundaciones, implicó 3 mil 600 millones de pesos al año en promedio, y ello no significa que se hayan presentado huracanes o tormentas tan drásticas como Otis.
Profesionalizar a personal de protección civil
En su turno, el ex colaborador de la Secretaría de gobernación (SEGOB) y ex asesor del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Veloz Espejel, hizo énfasis en que los servidores públicos asignados a las áreas de protección civil y gestión de riesgos de desastres, tengan la preparación necesaria, incluso universitaria.
También, que formen parte del Servicio Profesional de Carrera, para evitar que como actualmente ocurre, esos puestos sean ocupados por “amigos” y allegados a presidentes municipales, gobernadores y también, a altos funcionarios en el Poder Ejecutivo; así como personas que si bien pueden llegar a tener algún grado de profesionalización como médicos, arquitectos o ingenieros, no cuentan con la especialización específica.
Gabriel Arturo Fragoso Aguirre, director de la empresa “Sheica Fire”, especializada en asesoría y capacitación en atención de incendios, protección civil y equipos de seguridad industrial, manifestó que a la propuesta presidencial le falta el enfoque integral.
No contempla elementos suficientes de coordinación efectiva entre instituciones del Sistema de Protección Civil, para dar respuesta inmediata y adecuada ante desastres.
Mantiene elementos que hacen de los trámites burocráticos un obstáculo para actuar ante emergencias por desastres, le falta promover la cultura de protección civil y gestión de riesgos en la población y a partir del sistema educativo, aunado a que no incluye el tema de la modernización tecnológica y la inclusión de nuevas amenazas a la población, por desastres naturales.