En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Verde (PVEM) se plantearon reformas para promover que la atención en salud reproductiva tenga enfoque de respeto a los derechos humanos.
Las legisladoras Nayeli Fernández y María del Carmen Pinete pidieron reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Solicitaron que haya capacitación en derechos humanos al personal que atiende a mujeres embarazadas y recién nacidos, para apliquen la perspectiva de género y contribuyan a que los partos sean “humanizados”.
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Los profesionales en salud que atienden a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y a los recién nacidos deben contar con preparación adecuada para dar servicios materno-infantiles con respeto a derechos humanos, insistieron.
Indicaron que, el proyecto referido reconoce el derecho a un parto digno y sin violencia obstétrica.
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Maltrato a mujeres embarazadas
Las promoventes sustentaron el planteamiento, al afirmar que en los últimos cinco años, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años que tuvo parto, sufrió algún tipo de maltrato y violencia por parte del personal de salud.
Entre otras agresiones, hablaron de la violencia obstétrica o cuando se llevan a cabo prácticas invasivas a las mujeres, como la imposición de operaciones cesáreas y otros procedimientos médicos sin contar con la opinión y necesidades reales de la madre.
Refirieron que el 45 por ciento de las cesáreas que se realizan en el país no son necesarias, y en el caso del IMSS, ese tipo de intervenciones han aumentado 62 por ciento.
Citaron el estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, emitido en 2022, el cual indica que entre el 2019 y el 2020, la muerte materna se incrementó en más del 37 por ciento.
El análisis añade que entre 2011 y el año 2016, más del 33 por ciento de las mujeres que tuvieron al menos un parto, dijeron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato al ser atendidas por personal del salud.