El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo señaló que la institución que encabeza debe cuidar los recursos públicos aprobados en el presupuesto anual para el Poder Ejecutivo, que en 2024 ascienden a 9 billones de pesos (bdp), además de preservar el patrimonio público federal, cuyo monto alcanza los 13 billones de pesos, sin incluir a las empresas productivas del Estado, lo que suma un total de 22 billones de pesos.
Al participar en la XXXV Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC 2024) indicó que la SFP es un órgano interno de control con atribuciones y facultades perfectamente delimitadas constitucional y legalmente, cuya labor es esencialmente de carácter preventivo, no punitivo.
“El sistema de control interno que impulsamos articula dos elementos: el primero consiste en diseñar y aplicar una metodología para identificar y administrar los riesgos, para que, de forma anticipada, se establezcan las acciones que impidan la materialización de la ineficacia y la comisión de ilícitos; el segundo elemento busca garantizar el funcionamiento eficaz de los comités de control y desempeño institucional”, expuso.
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Ante el cuerpo diplomático, Salcedo Aquino agregó que en el aspecto correctivo, el énfasis se ubica en las compras y en la obra pública, por lo que el 47 por ciento de las auditorías financieras y de cumplimiento se concentraron en esos rubros.
Detalló que en la cuenta pública de 2019, el órgano superior auditor observó solo el 0.8 por ciento respecto del presupuesto para ese año, que fue de 5.5 bdp.
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“En 2020 la proporción disminuyó a 0.4 por ciento de los 5.7 bdp; y en 2021 se redujo a 0.2 por ciento de 6.3 bdp. Señaló que los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública de 2022 se entregarán en febrero próximo, y la tendencia apunta a que el porcentaje puede disminuir”, señaló.
Durante el encuentro, titulares de las embajadas y consulados expusieron ante el secretario Salcedo Aquino sus inquietudes sobre la asignación del presupuesto a las representaciones de México en el exterior, auditorias, arrendamiento de inmuebles, rendición de cuentas y blindaje electoral, ejes fundamentales para que la Cancillería realice sus funciones de manera eficiente.