En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se consideró necesario avanzar en la tipificación como delito, del uso de drones con fines ilícitos.
También, en la regulación y control de la venta de esos aparatos, manifestó el vicecoordinador parlamentario, Leonel Godoy.
El legislador indicó que desde su punto de vista, el uso de esos artefactos para cometer delitos, es equiparable a la utilización de armas de fuego, por lo tanto, es necesario regular de manera estricta su producción, importación, venta y adquisición.
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En cuanto avance en el Legislativo la iniciativa del Presidente de la República para regular el uso de drones, será preciso dar paso a una regulación adecuada, abundó.
“Yo espero que ahora que se tipifique el delito de uso de drones con fines ilícitos, delictivos, también se piense en la función que tiene que tener la autoridad, del control de la venta de este tipo de aparatos, que ya casi es como vender un arma de grueso calibre ¿no?”, externó Godoy Rangel.
Controlar la venta de drones
Controlar la importación y venta de drones en México, así como la producción, en caso de que se fabriquen en territorio nacional, manifestó el integrante de las comisiones de Gobernación y Justicia del recinto parlamentario, es necesario.
Para avanzar en una legislación en esa materia, agregó, también se requerirá generar consenso con el resto de las fuerzas representadas en la Cámara.
“Yo creo que se tiene que controlar, yo soy de los que creo eso. Habrá que valorar con los otros grupos parlamentarios y nuestro propio grupo si piensan eso. Pero de que el uso de drones con fines delictivos se debe sancionar, sin duda. Si es delito grave tiene que ser de más de 20 años de prisión”, anotó.
Opinión a favor de la regulación de drones
El pasado 20 de septiembre, la Comisión de Defensa de la Cámara aprobó con votación mayoritaria de 17 a favor y dos abstenciones, su opinión a favor de la iniciativa enviada por el Presidente de la República, con cambios al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regulará los drones.
La propuesta establece agravantes en los delitos cometidos contra personas públicas o privadas o sus bienes, a través del uso de aeronaves piloteadas a distancia o drones.
Asimismo, prevé imponer agravantes cuando el uso de esos vehículos aéreos no tripulados provoque afectaciones a la integridad física, emocional y la vida de las personas; cuando produzcan alarma, temor o terror en la población; cuando atenten contra la seguridad nacional; cuando presionen u obliguen a la autoridad o a un particular, a que tome alguna determinación.
La iniciativa plantea que se impondrá cárcel de 15 a 40 años, así como una multa de 400 a mil 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice drones para cometer delitos.
La sanción se incrementará hasta en un tercio, cuando se utilicen drones y sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares; material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, provoquen incendios, inundación o por cualquier otro método violento y de manera intencionada.
Ello, para incurrir en actos contra bienes y servicios sean públicos o privados, o contra la integridad de las personas.
El proyecto planteado por el Ejecutivo agrega que habrá pena de 10 a 20 años de cárcel, a quien utilice drones para arrojar cualquier objeto o artefacto explosivo, explosivos improvisados o armas, sustancias químicas que puedan ser usadas como explosivos.
De igual modo, cuando lo lanzado con un dron impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Contempla imponer cárcel de 5 a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para transportar explosivos, explosivos caseros, armas, drogas sintéticas y demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
También propone penar con 3 y hasta 10 años de cárcel, a quienes utilicen esas aeronaves manejadas a distancia, y estén equipadas con dispositivos para grabar audio o video o fotografiar, empleando medios electrónicos, con el fin de vigilar a servidores públicos, para dar a conocer su ubicación, evadir su acción y actuar en su contra.
Esas conductas ameritarán el decomiso de los aparatos y equipos producto del delito, agrega.