La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de los proyectos en los que se propone confirmar los amparos que otorgaron jueces de distrito a diversas empresas contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Los ministros determinaron lo anterior, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) interpuso un recurso para solicitar a la Corte que declare impedidos a los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales para conocer de estos asuntos por un posible conflicto de intereses.
La dependencia que encabeza Rocío Nahle argumentó que Pérez Dayán y Aguilar Morales pertenecen al Instituto Mexicano del Amparo, una asociación civil que promovió las demandas de garantías contra la reforma eléctrica, y por lo tanto su imparcialidad no está garantizada.
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De esta forma, los integrantes de la Segunda Sala tendrán que determinar si los ministros cuestionados tienen o no razones legales para no participar en la discusión y votación de estos casos.
En sus proyectos, los ministros Alberto Pérez y Javier Laynez declaran infundados los agravios de las autoridades federales, toda vez que el “Estado tiene amplias potestades para configurar la industria eléctrica y, en su caso, el orden del despacho”.
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Sin embargo, “esa potestad de configuración está constitucionalmente limitada y, particularmente no le permite imponer barreras a la competencia en el mercado de generación de electricidad, ni desplazar a los generadores que utilicen fuentes limpias”.