LABORAL

Integrantes del SME alistan denuncia contra el líder del sindicato Martín Esparza

Rosendo Flores, ex secretario general del SME, reveló que de 2016 a 2022 se generaron ingresos por 32 mil 500 millones de pesos.

Trabajadores del SME piden que se les paguen los dividendos que les corresponden.
Trabajadores del SME piden que se les paguen los dividendos que les corresponden.Créditos: Fotos: MVS Noticias
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Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas exigieron al líder del SME Martín Esparza que entregue a los trabajadores los dividendos que ha generado la venta de energía eléctrica a través de la empresa Fénix, formada junto con el consorcio portugués Mota Engil.

Durante un mitin desarrollado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosendo Flores, ex secretario general del SME y líder del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, reveló que de 2016 a 2022 se generaron ingresos por 32 mil 500 millones de pesos.

Dijo que de esta cifra 13 mil han sido entregados al grupo que encabeza Martín Esparza sin que se haya rendido cuentas.

Afirmó que se ha despojado del porcentaje que corresponde a los cooperativistas, a quienes se les han entregado 450 millones de pesos, es decir, 6.5 veces menos de los 2 mil 900 que les corresponden.

Rosendo Flores dijo que los extrabajadores están preparando una denuncia contra el líder del sindicato Martín Esparza.

“Vamos a presentar una denuncia que habrán de definir los trabajadores en que dirección se presenta si es en lo administrativo o en lo penal, aunado a que hemos entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera esta información y lo que estamos buscando es que la explotación de la generación sea por el estado en beneficio del pueblo”, afirmó.

Los integrantes del SME junto con otras agrupaciones sindicales y sociales realizaron un acto de protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los amparos que ha otorgado el poder judicial a empresas privadas para continuar con la generación de electricidad.

Afirmaron que se pretende ir en contra de los intereses del pueblo, al invalidar las modificaciones a la ley que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante interpretaciones sesgadas y anticonstitucionales que buscan favorecer a empresas transnacionales.