POLÍTICA

Cárcel hasta por 7 años a funcionarios que entreguen obras públicas inconclusas, pide PAN

Reforma para penalizar a servidores públicos, incluyendo al Presidente, que inauguren obras sin terminar, plantea el diputado federal Héctor Saúl Téllez

Héctor Saúl Telléz.
Héctor Saúl Telléz.Créditos: Héctor Saúl Telléz H / X
Escrito en NACIONAL el

La presentación e inauguración de obras de infraestructura inconclusas, debería ser penalizada hasta con 7 años de cárcel. 

También con multas y con sanciones administrativas, incluyendo la amonestación e inhabilitación para ejercer puestos públicos durante 10 años, propuso el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez.

El congresista indicó que deben establecerse restricciones legales para evitar que gobernantes y servidores públicos sigan “inaugurando” obras que no están terminadas, ya que ese tipo de actos son utilizados para propaganda personalizada, más que para atender las necesidades de la población. 

A la cárcel, por inaugurar obras inconclusas 

Téllez Hernández precisó que su propuesta de modificación al artículo 214 del Código Penal Federal, tiene como fin reforzar las sanciones previstas. 

“Para fortalecer la pena de 1 hasta 7 años de prisión y multas, en el caso de que un servidor público lleve a cabo la inauguración de una obra que esté fehacientemente comprobado que está inconclusa. Entonces fortalecemos esa pena de carácter sancionatorio corporal”, explicó. 

Respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, agregó, se plantea dar carácter de falta “grave” la conducta referida, la inauguración de infraestructura a medias. 

“Para que esta sea sancionada con suspensión, con destitución, con sanción económica y una inhabilitación hasta de 10 años, del servidor público que lleve a cabo la inauguración de obras que no están completamente terminadas”, agregó. 

El también secretario de la Comisión de Presupuesto del recinto, agregó que los ajustes de la Ley de Obras Públicas, consisten en establecer que no se podrá inaugurar la obra, hasta que se emita una certificación legal que garantice la terminación total de la misma, y que está lista para ser puesta en funcionamiento y utilizada por la población. 

AMLO y sus obras inconclusas 

El legislador integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara recalcó que la mayoría de los megaproyectos del Presidente de la República, no sólo no están terminados, sino que implicaron sobre costos multimillonarios que lejos de beneficiar a la población y el desarrollo de las regiones donde se han llevado a cabo, han provocado devastación, daño ambiental y no están funcionando. 

Como ejemplo, indicó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, implicó un gasto de 115 mil 981 millones de pesos, fue inaugurado el 21 de marzo de 2022, pero no contaba con las vías de acceso y conectividad con la Ciudad de México y otras áreas urbanas, prometías por el Ejecutivo. 

El Tren Maya, que el Primer Mandatario insiste en inaugurar en diciembre próximo, ha implicado una inyección de 500 mil millones de pesos, tres veces más que lo programado originalmente, y se encuentra en un avance del 69 por ciento, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda (SHCP). 

La Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, “inaugurada” en julio del 2022, sigue en construcción, las obras de ingeniería básica no están conectadas, no se ha concluido con la planta de cogeneración ni las plantas caminadoras y la planta coquizadora que contempla, por lo cual, no ha generado producción petrolera alguna. 

El pasado 15 de septiembre, recordó el diputado Téllez, el Presidente “entregó” el Tren Interurbano al cual le faltan por lo menos tres estaciones que conectarán en Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe. 

Añadió que el pasado 13 de septiembre, también se puso en marcha públicamente la Presa El Cuchillo, en Nuevo León, la cual se encuentra en un 87 por ciento de construcción. 

Hacer creer a la población que esas obras inauguradas públicamente pero sin generar todavía beneficio para la población, sentenció, son actos de simulación.