En el marco del noveno aniversario del inicio de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a avanzar para esclarecer caso.
“Es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que les anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto”, destacó Naciones Unidas.
La ONU-DH reconoció que, “el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa ha permitido identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014.
Además, ha facilitado detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares) y acceder a diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.
“El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible”, enfatizó.
Ante ello, la ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances “sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”.
Advirtió que los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. “Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”.
Consideró fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso.
“Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”, dejó en claro.