Después de siglos de abandono, discriminación, racismo y hasta intentos de exterminio, los pueblos de la Sierra Tarahumara de Chihuahua hoy tienen atención especial y prioritaria a través del Plan de Justicia que implementan las dependencias del gobierno de México.
Uno de los ejes prioritarios del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara es la justicia territorial, agraria y ambiental, pues esta región ha sido despojada, expresó en Guachochi, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“De cumplirse el proceso de declaratoria de tierras nacionales y lo que ello implica, se les estarán restituyendo tierras a unas ocho comunidades en la Sierra Tarahumara, a título comunal”, precisó durante la asamblea plenaria encabezada por autoridades tradicionales.
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Con una ceremonia y ofrenda a la cruz, para bendecir los trabajos en beneficio de los pueblos, autoridades tradicionales y servidores públicos federales iniciaron la jornada de trabajo del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Son los pueblos ralámuli, ódami, oichkama (pima) y warijó, que reúnen a 348 comunidades, representadas por 75 autoridades indígenas, quienes que hoy se unen en esta lucha de bien común, expresó Adelfo Regino Montes. Recordó que el presidente López Obrador, durante su informe del primero de septiembre, refirió la importancia de los Planes de Justicia, que comenzaron con la atención al pueblo yaqui de Sonora el 28 de septiembre del 2021; desde entonces, se han construido 17 de estos planes en el país.
“En la Sierra Tarahumara no se configuraron bienes comunales o ejidos indígenas, tal como sucedió en otras regiones indígenas del país; tenemos que reconocer que es un problema que no se ha atendido, ni siquiera por las autoridades competentes y por eso es un tema clave, si se entiende bajo el pensamiento indígena, ya que la tierra, el bosque y el agua, es para ellos un patrimonio indisoluble.”
El director de Concertación Agraria y Mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Luis Cruz Nieva, informó que los siguientes pasos para garantizar certeza jurídica a las comunidades —que no tuvieron un documento legal para proteger la propiedad de sus tierras— serán atendidos en coordinación con sus autoridades tradicionales.
La subcoordinadora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Carolina Escobar Neira, recalcó que, aunque se avanza en el tema del agua, aún faltan compromisos estructurales para mejorar las condiciones del agua, por lo cual se comprometió a continuar la investigación para hacer diagnósticos y proponer soluciones acordes con la realidad de los territorios.
Ante la gobernadora indígena de Guachochi, Hortensia Palma Palma; el capitán general de Baborigame, Guadalupe y Calvo, Arturo Gutiérrez Soto, y el gobernador de San Antonio en Yepachi, José Luis Cruz Castellanos, el gobernador de Mogótavo, municipio de Urique, Luis González Rivas, saludó en lengua ralámuli y dio un reconocimiento y su bendición por los acuerdos alcanzados.
En la mesa de salud y medicina tradicional se acordó implementar un Proyecto Piloto de Capacitación a Promotores Comunitarios de Salud y Alimentación en las comunidades de difícil acceso y que no cuentan con servicio de salud, para integrarlas a los servicios del IMSS-Bienestar.