Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que ha estado implicado en presuntos actos de corrupción, no sólo en la actual administración, sino en el sexenio de Felipe Calderón.
El caso más reciente se dio a conocer esta semana, luego de que el 16 de agosto de este año, el empresario Ricardo José Lambretón López Ostoloza declaró ante el juez de control Enrique Beltrán Santés, que su socio Puente Córdoba le pidió entregar 6.7 millones de pesos en efectivo a René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración en Segalmex, para obtener contratos de procesamiento de leche para una empresa que manejaba a través de prestanombres.
Según el testimonio de López Ostoloza; Gavira Segreste y Puente Córdoba pactaron un contrato para el suministro de media crema por cerca de 50 millones de pesos, por este contrato se entregaron a René Gavira 2.5 millones de pesos en efectivo; sin embargo, los bienes no fueron entregados a Diconsa.
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Además de Segalmex, Alejandro Puente también se vio involucrado en un fraude millonario cuando fungió como titular del Consejo de Participación Ciudadana de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuya titular era Marisela Morales Ibáñez.
En el año 2012, Morales Ibáñez desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos, lo que llevó a la PGR a pagar 1.3 millones de dólares por la renta de aeronaves privadas.
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Uno de los casos se registró en septiembre de ese mismo año, cuando la dependencia gastó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC, propiedad de Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente Córdoba ostentaba el 99 por ciento de las acciones.
De acuerdo con una serie de correos electrónicos que se difundieron en el 2013, funcionarios de la PGR, empresarios de la aviación y Jorge Sánchez Lazo, entonces director general de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), estaban en contubernio para ajustar contratos.
En uno de estos correos, Sánchez Lazo envió el borrador de un contrato a Jorge Padilla Audiffred, dueño de la empresa de aerotaxis Asesoría en Aeronáutica, para que lo revisará con el propósito de adecuar los términos en el que se pretendía que la PGR rentara un helicóptero McDonell Douglas Explorer, propiedad de la empresa de Alejandro Puente, aunque en este caso aparecería como arrendador la compañía de Padilla Audiffred.
La empresa de Puente Córdoba también estuvo involucrada en un presunto acto de corrupción de la Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto, quien en el 2012 compró en 8.7 millones de pesos una casa en Jardines del Pedregal.
No obstante, la PGR detectó que la ex Oficial Mayor sólo pagó con su dinero 2.2 millones, mientras que 3 millones fueron aportados por Grupo Aeronáutico AFA, de Alejandro Puente.
En lo que respecta al sector de las telecomunicaciones; en octubre de 2015, los trabajadores de la Canitec denunciaron la falta de pagos de salarios y prestaciones de ley; en esa ocasión Alejandro Puente argumentó la falta de solvencia económica, debido a que socios de la empresa no pagaron sus cuotas anuales.