Amnistía Internacional México a través de la directora ejecutiva Edith Olivares Ferreto, destacó que en México “la criminalización de la protesta se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos”.
Durante la presentación del Informe Tierra y Libertad: Criminalización de personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, se presentaron cuatro casos que fueron documentados en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas que protestaban, por ello se pudo identificar un patrón de criminalización: “el sistema penal se usa indebidamente contra muchos grupos y personas que protestan, pero cuando se trata de personas que protestan para defender el territorio, la criminalización se erige como una de las estrategias más fuertes del Estado”.
Edith Olivares apuntó que el compromiso de la organización ahora es movilizar a cientos, miles o millones de personas alrededor del mundo para que en México el Estado deje de utilizar el sistema penal en contra de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Entre las recomendaciones específicas Amnistía Internacional llama al Estado a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.
El informe se acompaña del lanzamiento de la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen que busca visibilizar la problemática de la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos y el impacto en la defensa de tierra, territorio y medio ambiente.