Con el argumento de terminar con los excesos y privilegios, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados perfila aprobar una reducción de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al presupuesto del próximo año del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual solicitó recursos por 84.7 mil millones de pesos.
El amago de los legisladores morenistas encendió los focos rojos al interior de las instancias judiciales, debido a las repercusiones negativas que tendría, no sólo para el propio Poder Judicial, sino para la población e incluso para el gobierno federal.
México cuenta actualmente con 877 órganos jurisdiccionales entre los que se encuentran juzgados de distrito, tribunales de circuito, centros de justicia penal federal y plenos regionales.
Te podría interesar
De acuerdo con un reporte elaborado por el PJF, del que MVS Noticias obtuvo una copia, una reducción superior al 32 por ciento del presupuesto de 2023, implicaría la desaparición del 63 por ciento de los juzgados de distrito y del 69 por ciento de los tribunales colegiados, es decir, que nuestro país se quedaría sin 270 juzgados y 272 tribunales.
Víctor Olea Peláez,, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, afirmó, en entrevista con MVS Noticias, que el recorte presupuestal sería un despropósito, pues sumiría a México en un escenario de inseguridad jurídica.
Te podría interesar
“México lo que necesita es seguridad jurídica en todos los sentidos, para nosotros como ciudadanos, para la población en general y también para las inversiones. Necesitamos un estado de derecho fuerte, consolidado, muy robusto y el asfixiar en cuanto a su presupuesto al Poder Judicial, implicaría una disminución de esa seguridad jurídica que necesitamos en todos los sentidos los mexicanos”.
Olea Peláez agregó que una disminución en los recursos que se le asignan a uno de los tres poderes, también afectaría los asuntos que litiga la federación en las instancias judiciales.
“El gobierno también se vería afectado porque el gobierno es, en gran medida, parte en todos los procesos jurisdiccionales, tanto en materia penal como parte acusadora, como asesoría jurídica, pero también en todos los procesos administrativos, civiles, mercantiles, donde el Ministerio Público de la Federación, el gobierno de la República es parte en esos procedimientos”.
Según el reporte elaborado por el PJF, el recorte presupuestal también pondría en riesgo la atención de 3.5 millones de asuntos que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo; además, habría una “severa reducción” en las funciones de representación y asesoría del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), lo que afectaría a 76 mil personas.
Lo anterior, a decir de Víctor Olea, repercutiría en la calidad de los servicios jurisdiccionales.
“Pretender la asfixia presupuestal del Poder Judicial de la Federación sólo redunda en perjuicio de los justiciables que verían mermada, cada vez más, la calidad en la prestación de los servicios jurisdiccionales. No sólo se trata de los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial federal, incluyendo la de los ministros, sino se trata de que se disminuiría considerablemente la posibilidad de acción de los miembros del Poder Judicial”.
El reporte destaca que mientras en los últimos 5 años el presupuesto del PJF se incrementó en 8.7 por ciento, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo hizo en 38.1 por ciento.
Finalmente, el documento advierte que de aprobarse un recorte presupuestal de la magnitud que pretenden los congresistas de Morena, además de representar un “atentado a la independencia judicial” y una violación a los derechos humanos de las personas, podría derivar en un incremento del “índice de conflictividad social y la incidencia de justicia por propia mano”.