El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, Fundar y la Activista María Herrera, llamaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que aprueben la progresividad del recurso destinado a la atención de las víctimas del delito en el país.
En conferencia de prensa César Contreras León representante jurídico del Centro Prodh, señaló que el pasado 6 de noviembre de 2020 se modificó la cláusula para que los recursos para víctimas no se usaran para otro fines, ya que esto deja en desprotección los fondos que el Estado mexicano destina para desplazados, familiares de desaparecidos, víctimas de feminicidio y de otros delitos y por ello es que estas organizaciones interpusieron un amparo que habrá de discutirse y resolverse el próximo 9 de agosto.
De acuerdo a la buscadora María Herrera, representante de la Red de Enlaces Nacionales y fundadora del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, señaló que “este presupuesto es un recurso ganado con mucho dolor” y es utilizado para que las familias y las víctimas directas puedan afrontar los daños patrimoniales, de salud y por desplazamiento que les han ocasionado los eventos delictivos.
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Además dijo, es visible que los delitos están aumentando en el país, violencia de género, desapariciones forzadas, homicidios dolosos y otros, por lo que el presupuesto debería aumentar tal y como se contempla en la Ley General de Víctimas y no reducirse o desaparecer.
De acuerdo a Diego de la Mora director de Fundar, la ley contemplaba que cada año el presupuesto para víctimas debe aumentar 0.14% del gasto programable con relación a lo año fiscal anterior. Esto quiere decir que del presupuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el 2024 debía haber un aumento del 37.9% más a los 604.5 millones que le fueron asignados en 2023.
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Esto dijo trasciende la buena voluntad del gobierno de asignar el presupuesto para víctimas y no sólo a lo que se considere que en ese momento pueda ser destinado para la atención de sus necesidades.