La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una iniciativa del Ejecutivo Federal que busca castigar hasta con 60 años de prisión a quienes utilicen drones en actos delictivos.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, destaca que se requiere un marco jurídico que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de actos ilícitos con estos artefactos.
En este sentido, plantea que quienes utilicen drones o aeronaves pilotadas a distancia para causar daños a la población, así como a bienes y servicios, o para provocar alarma y terror sean acreedores a una pena de 15 a 40 años de prisión, la cual podría incrementarse en un tercio.
De acuerdo con la iniciativa, se impondrán también de 10 a 20 años de cárcel a quienes mediante drones arrojen cualquier artefacto explosivo improvisado o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes.
En caso de que la persona afectada pertenezca a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena aumentará hasta en una mitad, alcanzando los 30 años de cárcel.
Para quien manufacture, arme, adquiera o adapte drones a fin de transportar explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión.
Además, la pena será de 3 a 10 años para los delincuentes que utilicen drones para grabar o tomar fotografías con el objeto de conocer la ubicación de servidores públicos.