Al responder a los señalamientos del presidente López Obrador, la defensa de Emilio Lozoya Austin reiteró que el monto de 10.7 millones de dólares que se había fijado hace más de un año por reparación del daño de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, no fue una oferta de su cliente, ya que esa cantidad fue solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) ante un juez federal.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Pemex, afirmó que incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el impartidor de justicia.
Recordó que durante la audiencia que se realizó el pasado 18 de julio de este año, el juez de la causa cuestionó a los representantes de la UIF y PEMEX acerca de las razones para incrementar dicho monto, quienes respondieron que el motivo era “una instrucción superior”, motivo por el cual se aplazó la diligencia ante la falta de fundamentación en la postura del gobierno de México.
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Ontiveros Alonso señaló que, en el marco de un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, garantizar el pago del daño tiene como efecto la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que más adelante se extingue con el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Esto significa, agregó, que no hay sentencia, condena, ni declaración de responsabilidad penal, por lo que se cuestionó cuál es la finalidad de mantener al testigo recluido en prisión, al no firmar los acuerdos.