La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe investigar las 29 denuncias que se presentaron contra los responsables del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que hasta hace unas semanas estaba a cargo de la extitular de la Secretaría del Trabajo (STPS), Luisa Alcalde, cuya responsabilidad debe ser establecida, pidió la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén.
La congresista indicó que las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas 2019, 2020 y 2021, y que no han sido aclaradas hasta el momento, rondan los 170 millones de pesos.
Jóvenes Construyendo el Futuro, plagado de irregularidades
Antes de entregar las denuncias en la Función Pública, Pérez-Jaén Zermeño detalló algunas de las anomalías en uno de los programas prioritarios del Ejecutivo Federal.
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Indicó que Jóvenes Construyendo el Futuro está plagado de irregularidades que han sido revisadas de manera parcial e insuficiente por la Auditoría Superior, sin embargo, revelan probables desvíos de recursos públicos.
Pago a fallecidos
Indicó que entre las fallas más significativas, está la entrega de recursos públicos a beneficiarios fallecidos, a personas que ya recibían otros apoyos sociales, así como a personas que sí tenían trabajo no solo en la administración pública, sino también en empresas privadas.
En la revisión al gasto 2019 y 2020, la Auditoría encontró que hubo pagos por casi un millón de pesos a 68 beneficiaros que según se comprobó a través del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ya habían fallecido.
Al menos dos empresas registradas como centros de trabajo adscritos al programa, tuvieron que presentar denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por “usurpación de identidad”, puesto que aparecieron como participantes y como receptoras de recursos públicos por 2.7 millones de pesos, sin su autorización.
Asimismo, se entregaron apoyos por más de 102 millones de pesos a personas inscritas, pese a que ya recibían recursos a través de otros programas federales en materia de educación, lo que de acuerdo a los lineamientos de operación, está prohibido.
Detalló que, de acuerdo a los datos de la ASF, se hicieron pagos de Jóvenes Construyendo el Futuro entre 2019 y 2021, a 161 beneficiarios que ya tenían empleo como Servidores de la Nación.
El recurso involucrado en esa irregularidad superó los 3 millones de pesos.
Hubo pagos del programa a jóvenes que ya tenían trabajo en la administración pública y en la iniciativa privada, cuando iba dirigido a quienes no tenían un empleo.
La integrante de las comisiones de Transparencia y Vigilancia de la Cámara, indicó que en 2021, el ISSSTE confirmó que 703 beneficiarios con empleo en el sector público, habrían recibido pagos por más de 10 millones de pesos.
En ese mismo año, casi 2 mil 700 personas que recibieron en suma, pagos hasta por 45.1 millones de pesos, ya tenían otros empleos registrados ante el IMSS, detalló.
Las irregularidades en el programa, recalcó Pérez-Jaén, muestran no sólo la falta de control en el mismo y el uso irregular de recursos, sino también, la deficiente intervención de la Auditoría Superior.
Si bien el organismo fiscalizador identificó anomalías recurrentes y por cifras millonarias, no lo revisó a fondo, por lo que su trabajo también resultó ineficaz.
La legisladora subrayó que en esencia, el programa de apoyo a jóvenes sin estudios ni trabajo es adecuado, sin embargo, ha sido utilizado con otros propósitos.
Los responsables del mismo, como la actual titular de gobernación, dijo, también han mostrado su falta de capacidad y conocimiento no solo en materia de administración pública, sino laboral, agregó.
Recordó que el apoyo social dirigido a personas sin estudios ni empleo, no contó con reglas de operación sino hasta el 2022, pese a que arrancó desde 2019.
La entrega de 6 mil 310 pesos mensuales, a partir de la integración de los beneficiarios a empresas y centros de trabajo para acceder a capacitación, así como la inscripción en el Seguro Social por un periodo de hasta 12 meses, se implementó desde un inicio de manera desordenada, sin reglas claras, sin supervisión y sin mecanismos que permitieran comprobar que se cumplirían los objetivos de desarrollar capacidades laborales y lograr que los jóvenes mantuvieran un empleo.
Millones bajo la lupa
Puntualizó que las 29 denuncias se configuraron a partir de datos correspondientes a 5 auditorías aplicadas por la ASF, de 2019 a 2021.
El monto de los recursos observados fue de 170 millones de pesos, mismos que la Secretaría del Trabajo no ha podido aclarar.
Detalló que en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro recibió un presupuesto de casi 24 mil millones de pesos, de los cuáles nunca aclaró el uso de 67 millones.
En 2022, se le asignaron más de 24 mil 600 millones de pesos, de los que casi 25 millones no se utilizaron de manera clara y tampoco han sido solventados.
En 2021, el programa tuvo recursos por aproximadamente 22 mil millones de pesos, de los cuáles, no se ha justificado la utilización de 78.8 millones de pesos.