El Observatorio de Designaciones Públicas, Artículo19 para México y Centroamérica, Quinto Elemento Lab y Fundar, Centro de Análisis e Investigación a través de su director Diego de la Mora, advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos “nuestro derecho a saber, por lo que estamos pidiendo que no acompañen el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, porque atenta contra el derecho de la población a la información“.
Con motivo de la discusión que se llevará acabo en los próximos días en la Suprema Corte sobre la omisión del Senado de designar a tres integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las organizaciones hicieron un llamado a los ministros a votar a favor del derecho a saber.
Mayra López Pineda, coordinadora de acceso a la información y transparencia proactiva de Articulo19, explicó que el proyecto de sentencia de la ministra ponente Loretta Ortiz, representa un retroceso democrático y vulnera los derechos de acceso al información y protección de datos personales, ya que entre otras consideraciones, señala que el Senado no está violando el periodo estipulado por la ley para la designación de las tres personas comisionadas faltantes.
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Dijo que existen actualmente más de 7 mil sentencias pendientes en un contexto de gravedad, pues se registran múltiples estrategias de opacidad en conocer el funcionamiento cotidiano del gobierno; “el debilitamiento deliberado de un instituto central para eliminar la cultura del secreto del quehacer gubernamental, tiene repercusiones directas en la vida de las personas, ya que cada minuto se toman decisiones que limitan el bienestar del pueblo como negar y ocultar información que nos permitiría saber cómo se ejercen los recursos públicos que todas y todos pagamos o decisiones que nos afectan como sociedad”.
Finalmente las organizaciones recordaron que debido a las intervenciones del INAI, la sociedad ha podido conocer más sobre violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción que las entidades de gobierno han querido ocultar. Por ejemplo, qué pasó realmente en el caso de Tlatlaya y que actores públicos intervinieron; por qué no se han sancionado a las personas vinculadas con el escándalo de corrupción de la Estafa Maestra y también el expediente sobre el caso Ayotzinapa entre otros temas.