El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, procedió por decisión propia y sin consultar a nadie, al presentar una controversia constitucional contra el decreto del Ejecutivo Federal que define nuevamente como de asuntos de seguridad nacional, algunas megaobras como el Tren Maya, señaló el líder del Movimiento de Regeneración Nacional en San Lázaro, Ignacio Mier.
El diputado Creel Miranda lo hizo porque anda en campaña, pero “anda bajón”, criticó Mier Velazco.
Consultado expresamente sobre el tema, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el recinto manifestó que el titular de la Mesa Directiva actuó ejerciendo sus funciones, como en su momento lo hicieron otros presidentes del recinto en Legislaturas y años anteriores, como la panista Laura Rojas y el morenista Sergio Gutiérrez.
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Sin embargo, puntualizó que el también presidente del Congreso de la Unión procedió en función de sus intereses electorales, pero no ha logrado repuntar.
“Fue una decisión, no hay que olvidar que lo mismo sucedió con Laura Rojas, también lo hizo Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Mesa Directiva en receso puede tomar esa atribución sin consultar al pleno ni a la Junta de Coordinación Política y eso fue lo que hizo Santiago Creel”, anotó.
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“Además anda en campaña, pues es que anda en campaña, se tiene que tiene que apurar también mi amigo, anda bajón”, remarcó.
Controversia contra el decretazo de AMLO
El pasado jueves 1 de junio, el presidente del recinto anunció oficialmente y a través de redes sociales, la decisión de presentar una controversia constitucional ante el Alto Tribunal, contra el decreto del Ejecutivo Federal en materia de obras de infraestructura y su clasificación como asuntos de seguridad nacional e interés público
En el recurso, argumentó que el Primer Mandatario transgredió la Constitución, el derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y máxima publicidad con respecto a los actos de gobierno.
También indicó que afectó las atribuciones del Legislativo y actuó de manera “arbitraria” y contraria a la resolución previa de la Corte, que invalidó el anterior decreto presidencial que tuvo el mismo propósito de catalogar como de seguridad nacional, las obras y proyectos prioritarios del Ejecutivo.