El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, destacó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar la invalidez de las reformas secundarias en materia electoral identificados como “plan b”.
En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el congresista advirtió que los señalamientos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, respecto a que los ministros de la Corte vulneraron la democracia, son mentira.
En un mensaje largo, el legislador subrayó que la decisión de la Corte muestra que en el país sigue imperando la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos es garantía de legalidad.
No a la imposición: Creel
El fallo de la Corte mostró que en el país no debe imponerse ningún poder sobre otro, “por mera voluntad de uno o varios personajes“.
Creel Miranda señaló que al rendir protesta en el cargo, el Primer Mandatario se comprometió a acatar la ley así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, le hizo un llamado a que evite las descalificaciones y privilegie el diálogo, porque el país y el pueblo “lo merecen”.
“La Consejería Jurídica de la Presidencia publicó un comunicado en el que denunció una supuesta vulneración a la democracia, en caso de aprobarse el proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad relativas al segundo decreto en materia electoral (plan b). La Consejería Jurídica miente. Además, deja en claro su desconocimiento de la constitución, de las leyes y reglamentos parlamentarios”, refrendó en el pronunciamiento publicado en su cuenta en la red Twitter, @SantiagoCreelM.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) expuso las razones por las cuales se opuso a que el “plan b“ se discutiera en el recinto en fast track, y a través de un albazo.
Violaciones al proceso parlamentario
Recordó que la sesión durante la que se puso a discusión el tema, él votó en contra de la agenda del día propuesto por la mayoría en la Junta de Coordinación Política, que incluía la discusión y votación de dichos cambios legales.
Argumentó que las reformas electorales requieren de construir amplios consensos entre las distintas fuerzas políticas, ante la necesidad de legitimarlas.
Recalcó que la dispensa de trámites, como sucedió en San Lázaro, impidió que los congresistas pudieran conocer y evaluar las propuestas presidenciales “dado que el mismo día de su presentación se pretendía que fuera discutido y votado”.
Agregó que desde su punto de vista, la reforma electoral también identificada como “plan b“ tenía que haber sido sujeta discusión en un ejercicio de parlamento abierto.
Insistió en que toda reforma electoral debe contar con legitimidad y por eso era conveniente que se formulará a través del consenso político y no “en un albazo”.
“La viabilidad de la reforma era imposible. Reitero que la actitud de la Consejería Jurídica revela un profundo desconocimiento de los principios constitucionales que rigen los procesos electorales en nuestro país“, remarcó.