La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el caso del actor Octavio Ocaña ocurrido el 29 de octubre de 2021.
El documento recomendatorio establece que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías municipales durante la persecución de la camioneta en la que viajaban tres personas, donde falleció el joven de 22 años y resultaron lesionadas dos personas más.
Asimismo, indica que se presentaron omisiones en la preservación del lugar de los hechos y afectaciones al derecho a la intimidad e imagen pública del intérprete del personaje “Benito Rivers”.
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De acuerdo con el informe policial, el día de los hechos dos agentes municipales a bordo de una patrulla iniciaron la persecución de una camioneta en la que viajaban tres personas que cometieron a consideración de los elementos policiacos “una falta administrativa al bando municipal”.
La persecución se prolongó por varias calles del municipio durante una hora y cuarenta minutos hasta que el vehículo se estrelló en un montículo de tierra.
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La CNDH determinó que, durante la persecución, uno de los oficiales expuso la mitad de su cuerpo por una de las ventanillas de la patrulla, mostrando un arma de fuego larga, sin que existiera resistencia por parte de los tripulantes de la camioneta.
Posteriormente, el mismo policía efectuó un disparo mientras circulaban en una carretera de la entidad, impactando la camioneta.
Asimismo, el conductor de la patrulla en cuestión realizó diversos “alcances” con el “tumbaburros” de dicho vehículo a la camioneta, lo cual influyó para que esta sufriera una desestabilización y se estrellara en un montículo de tierra.
El personal especializado de la CNDH determinó que, como consecuencia de alguna de estas maniobras de choque, se accionó un arma de fuego en el interior de la camioneta, lo que provocó una lesión mortal en la cabeza de Octavio Ocaña.
Por ello, solicitó a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli inscribir a las personas afectadas de manera directa e indirecta en el Registro Nacional de Víctimas para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado.
Además, deberá colaborar en el seguimiento de las denuncias administrativas y carpetas de investigación iniciadas por este caso en la Contraloría municipal y la Fiscalía General del Estado de México en contra de los policías involucrados.