Luego de que el exalcalde de Guerrero, José Luis Abarca, fuera exonerado por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial.
Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas no afectará en los avances de las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos. Estamos enfrentando muchos obstáculos (...) Vamos a seguir adelante”, declaró desde Palacio Nacional.
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El Tribunal resolvió que los elementos de prueba que presentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fueron suficientes acreditar el delito de delincuencia organizada.
Pese al fallo, José Luis Abarca no podrá recuperar su libertad, ya que hace unas semanas fue condenado a 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos, el perredista Arturo Hernández Cardona.
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AMLO arremete contra el Poder Judicial
Bajo ese tenor, López Obrador aseguró que el Poder Judicial “quedó intacto” a lo largo de las administraciones del panista Felipe Calderón (2006-2012) y el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"El Poder Judicial está al servicio de la oligarquía, por eso todas esas decisiones de jueces, amparos”, aseveró.
En repetidas ocasiones, el presidente ha ocupado las “mañaneras” para cuestionar la legitimidad del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues respaldó la iniciativa de Morena en la que propusieron que los ministros y ministras del Máximo Tribunal Constitucional lleguen al puesto mediante al voto popular.
Más allá de las declaraciones de AMLO, cabe mencionar que José Luis Abarca también enfrenta otro proceso penal en el que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.