La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados destacó la propuesta de creación de la Ley para Proteger las Obras Estratégicas del Estado Mexicano, planteada por su integrante, el diputado Alejandro Robles.
El proyecto es del legislador que en la Comisión Permanente del Congreso se pronunció por “obradorizar” al Poder Judicial e impedir que éste pueda revertir decisiones del Ejecutivo en materia de obras.
Los morenistas en San Lázaro respaldaron el planteamiento, en el marco de las declaraciones del presidente de la República que acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en suma al Poder Judicial, de querer dar un “golpe de Estado técnico”, al frenar la realización de sus proyectos de infraestructura.
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También, en el contexto de la manifestación a favor de la Corte que se realizó este domingo, y el desmantelamiento del plantón contra los ministros, instalado a las afueras de las instalaciones judiciales, por simpatizantes del Primer Mandatario y Morena.
Golpe de la Corte contra AMLO
Robles Gómez se lanzó contra la Suprema Corte y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a los que responsabilizó de emprender “una guerra jurídica contra el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
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Identificó esa situación como “lawfare”, concepto que significa, dijo, la utilización del Poder Judicial para contener el avance y progreso de la sociedad, a través de una “guerra judicial” aparentemente democrática que busca, aseguró, combinar operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, para impedir la consolidación de la izquierda en el gobierno.
“Lo cual es simple y sencillamente inaceptable”, recalcó.
Insistió en que la Corte y el INAI “se dejan” utilizar emitiendo fallos contra decisiones del Ejecutivo Federal utilizando como pretexto el “falso derecho a la información” y extralimitándose en la interpretación de la Constitución.
Como ejemplo, refirió la invalidación del decreto presidencial que catalogó como asuntos de seguridad nacional e interés público, todas las obras y proyectos prioritarios de la actual administración.
Protección de obras
El proyecto indica que su objetivo es proteger las obras estratégicas del Estado, hasta su conclusión.
Define esos proyectos como la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura de los espacios, bienes de interés público, ejecución, administración de obras de transporte, servicios y polos de desarrollo y los equipos utilizados para realizarlos.
Establece que todos esos elementos serán considerados “de interés público y seguridad nacional”.
En esa categoría de seguridad nacional, será incluida la infraestructura en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otras, por su complejidad y magnitud.
Autorización a obras, de facto
Prevé emitir “autorizaciones provisionales” en un lapso de hasta 15 días, para permitir el inicio de los proyectos. Si el plazo se cumple y no se otorga la autorización señalada, “se considerará resuelta en sentido positivo”.
Indica que las autorizaciones provisionales durarán hasta un año, mientras se emiten las de tipo definitivo.
Puntualiza que no se considerará como de “seguridad nacional” la información sobre la realización de las obras.
“Oligarquía” usa al INAI y la Corte contra obras de AMLO
En la argumentación, Robles Gómez aseguró que el Gobierno Federal promueve la transformación con infraestructura que la “oligarquía” quiere frenar, utilizando “a las instituciones del Estado como el INAI y la SCJN para continuar sometiendo a las clases más desfavorecidas y desprotegidas de la nación, eso no lo vamos a permitir”.
Sentenció que los ciudadanos, incluyendo a los más “pauperizados, son quienes pagan los salarios y privilegios de los ministros de la Corte, que se dejan “usar” por la “oligarquía” para frenar el desarrollo del país.
Agregó que el presidente de la República ha sido “valiente” al promover obras de infraestructura en el sureste mexicano, lo que no ocurrió en “gobiernos neoliberales”.
Habló del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas y el corredor Interoceánico del Istmo, los cuáles han sido “atacados” por la “oligarquía”.
“Se intentó detener su construcción bajo la misma estrategia: utilizando al Poder Judicial. Esta ha sido la estrategia de la derecha que desea a toda costa mantener el estatus quo”, sentenció.
Refrendó sus pronunciamientos contra la Corte y el Instituto Nacional de Transparencia, que se prestan a los “juegos perversos de los intereses más oscuros de la élite económica mexicana”.