El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que negó a través de la ministra Loretta Ortiz la petición del organismo para sesionar con solo cuatro comisionados.
En conferencia de prensa, señalaron que el objetivo es que el caso lo tome otro ministro. “Acudiremos a todos los mecanismos institucionales y legales para que el INAI pueda cumplir de manera cabal con sus funciones. Por ello, hemos presentado un recurso de reclamación contra la negativa inicial a la demanda legítima de sesionar con cuatro integrantes del Pleno”.
Los comisionados expresaron su preocupación y desacuerdo frente al despliegue político que pretende cancelar el ejercicio efectivo de dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales.
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“Debe quedar claro que, en este momento histórico: es nuestra democracia la que está en riesgo. Porque sin un organismo que garantice la transparencia, no podrá conocerse lo que sucede realmente en la vida pública, impidiendo así nuestro derecho a la verdad. Sin un organismo verdaderamente autónomo que obligue a las autoridades a transparentar el cumplimiento de sus funciones, también está en riesgo la posibilidad de construir un Estado de Derecho”, indicó Blanca Lilia Ibarra, titular del INAI.
El comisionado Adrián Alcalá admitió que de seguir sin quórum para sesionar, el presupuesto del organismo está en riesgo. “El tema de presupuesto sí está en riesgo, pero lo más graves está es que si los reducen el presupuesto al ejercicio actual el INAI actualmente como los encontramos cuatro no podremos presentar una controversia constitucional”.
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Los comisionados llamaron a la ciudadanía “para defender a un Instituto que solo a ella le pertenece: porque de la sociedad surge y a ella se debe. Y, además, porque la transparencia nos conviene a todos”.
“A las y los legisladores, para demostrar su correspondencia con las voluntades populares; a los gobernantes, para evidenciar el correcto uso de los recursos públicos; e incluso a los jueces, para probar que en sus resoluciones prima la justicia por encima de cualquier coyuntura e interés partidario”, indicó Ibarra Cadena.