La creación de fideicomisos públicos que no tienen estructura administrativa o bien, la “distracción” de recursos públicos a fideicomisos previamente constituidos, con el fin de beneficiarse, beneficiar a un familiar o a una persona con la que guarde relación de amistad o cualquier otro tipo, y que actúe por sí mismo o a través de terceros, debe ser penalizada como peculado.
Así lo propuso la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados.
El proyecto de adiciones al artículo 223 del Código Penal Federal, en esa materia, fue presentado por el diputado federal Alejandro Robles.
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La iniciativa señala que cometerá peculado, todo servidor público que en busca de beneficio personal, de terceras personas sean físicas o morales, “distraiga” dinero, valores, fincas o “cualquier otra cosa” perteneciente al Estado o a un particular, que hayan sido puestas en sus manos para administración, depósito, posesión y otras causas.
Agrega que en esos casos y por sentencia emitida en un proceso penal, se decretará la extinción del fideicomiso público en cuestión, y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, los recursos involucrados deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
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Fideicomisos son corrupción
El diputado Robles Gómez afirmó que los fideicomisos han sido utilizados en el país, como mecanismos para “la impunidad, latrocinio y riqueza mal habida”.
Afirmó que de acuerdo a “diversos estudios” y con datos correspondientes a 2017, en el país existían 374 fideicomisos a nivel federal, de los cuales sólo 19 tenían estructura y en consecuencia, estaban sujetos a fiscalización y seguimiento.
Del número de fideicomisos públicos, 139 estaban constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que aproximadamente 69 mil millones de pesos en su haber, no podían ser fiscalizados, al estar sujetos a las leyes en materia de secreto fiduciario y al “principio de confidencialidad”.
Citó datos del centro de análisis e investigación Fundar, para señalar que en 2018 los fideicomisos en México tenían en suma, más de 835 mil millones de pesos.
Como ejemplo del uso de fideicomisos públicos para provecho personal y de terceros, el legislador morenista refirió a los que fueron creados en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre los años 2014 y 2106.
A través de esos mecanismos, dijo el morenista, se habrían desviado mil millones de pesos que iban destinados a migrantes, pero presuntamente beneficiaron a la actual senadora panista, “conservadora y derechista”, Josefina Vázquez Mota, por medio de la fundación denominada “Juntos Podemos”.
También habló de 91 fideicomisos que tenía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y que de acuerdo a la actual directora de esa institución, María Elena Álvarez-Buylla, habían sido usados entre los años 2013 y 2018, para transferir más de 41 mil millones de pesos a distintas empresas privadas trasnacionales.
En consecuencia, apuntó el promovente, es que se plantea “eliminar todos aquellos mecanismos que fueron utilizados para la opacidad, para beneficiar a las grandes empresas y como se dijo al principio de esta iniciativa, como pasaportes para la impunidad, al latrocinio y a la riqueza mal habida. Para saquear a México”.