El Gobierno federal sufrió un nuevo revés, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría de ocho votos, el acuerdo con el que se declaraban como de seguridad nacional las obras y proyectos de la federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021.
Durante la sesión de este jueves, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que dicho acuerdo es impreciso, pues da un margen amplio a las autoridades para reservar la información.
Agregó que también implica una intromisión en las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) e inhibe a la ciudadanía para ejercer su derecho a la información.
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“Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo”.
En contra votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf , así como el ministro Arturo Zaldívar, quien aseveró que el proyecto se basa en escenarios hipotéticos, toda vez que el acuerdo no hace referencia a reservar la información, además de que no invade las atribuciones del INAI.
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“Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades, así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución. Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las especulaciones. Hoy, los hechos y las normas son claros, la ley y la jurisprudencia exige que toda reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño, nada en el acuerdo afecta esta obligación”.
En respuesta, el ministro Javier Laynez Potisek dijo que es ingenuo pensar que el término seguridad nacional no tiene un impacto en materia de transparencia.
“Negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo. Si la idea o la consecuencia no es reservar, ni permitir la adjudicación directa, entonces para qué la declaratoria”.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá precisó que la invalidez no interfiere con las autorizaciones que ya se otorgaron y no impide que, en caso de constatar la existencia de actos tendientes a destruir o inhabilitar infraestructura estratégica, las autoridades puedan considerarlo como amenazas a la seguridad nacional y actuar en consecuencia.