El líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Lo anterior, para dejar en claro los supuestos en que personas jurídicas, como empresas privadas, pueden ser penalmente responsables, cuando incumplan con los programas normativos en su organización interna, independientemente de las responsabilidades penales e individuales en que puedan incurrir sus representantes o administradores.
Los cambios distinguen los delitos en que integrantes de una empresa actúan a nombre “o por cuenta de la persona jurídica”, por sus representantes legales, o aquellos que actúan en lo individual o como integrantes de algún órgano en una empresa y están autorizados para tomar decisiones a nombre de la persona jurídica.
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O bien, ostentan facultades de organización y control interno.
También diferencia los delitos que se pueden cometer en el ejercicio de actividades referentes al objeto social de la persona jurídica, por aquellos que estando sujetos o subordinados a la autoridad de las personas físicas, cometan delitos por falta de supervisión, vigilancia y control.
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El proyecto presentado por el senador Monreal Ávila indica que la norma contemplará las excluyentes de responsabilidad de la persona jurídica, cuando el órgano administrativo “ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización, gestión, cumplimiento normativo y prevención idóneos” contra delitos.
Habrá excluyentes de responsabilidad cuando no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de funciones de supervisión, vigilancia y control.
Atenuantes de responsabilidad en las empresas
La norma contemplará atenuantes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, realizadas con posterioridad a la comisión del delito y por medio de sus representantes legales.
En ese supuesto estará el aceptar la responsabilidad antes de conocer los procedimientos legales que puedan aplicar, la colaboración con la autoridad, la aportación de pruebas, la reparación o disminución del daño causado por el ilícito, así como la implementación de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos en el futuro.
Añade que se precisarán los modelos de organización, gestión y prevención a cumplir por las personas jurídicas, para identificar la comisión de ilícitos, implementar protocolos de prevención, establecer modelos de gestión de recursos financieros “adecuados para impedir la comisión de ilícitos”.
Asimismo, se establecerá que las empresas deberán contar con sistemas de disciplina y sanción al incumplimiento de las medidas adoptadas, y de verificación periódica de los modelos preventivos y de acción ante la probable comisión de delitos.
“Esta reforma contribuye a prevenir y combatir con mayor eficacia y eficiencia la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes”, dijo.
Contar con un marco legal en la materia, abundó el líder de Morena en el Senado, generará condiciones de certeza jurídica y claridad en la actuación de los encargados de hacer cumplir la ley y de las propias personas jurídicas.
“Impulsa la cultura de la legalidad y de prevención del delito por medio de una vigilancia integral que le permita a las empresas detectar a tiempo cualquier irregularidad”, destacó.
Evitar la comisión de delitos en las empresas privadas
En la argumentación, el legislador señaló que es necesario establecer reglas claras sobre el uso de empresas por la delincuencia organizada y precisar en la ley cuáles son las responsabilidades penales de las personas jurídicas.
Indicó que es necesario combatir la corrupción en el sector privado, por representar una amenaza al Estado de Derecho.
Se requiere, abundó, legislar sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, con respecto a los actos que llevan a cabo.
Se debe avanzar en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, así como de prevención de actividades ilícitas al interior de las mismas, las causas de exclusión y las atenuantes de responsabilidad.
Con esas disposiciones, identificadas como “corporate compliance”, dijo, se podrán prevenir ilícitos y evitar que empresas sean juzgadas por cargos delictivos.
Se trata de implementar procedimientos y buenas prácticas en las empresas, para identificar y clasificar riesgos operativos y legales, lo cual favorecerá el cumplimiento de la ley, generará conciencia entre los integrantes de una empresa, les permitirá consolidar una buena reputación, y evitará problemas de estabilidad y falta de continuidad en sus actividades