CONGRESO

Reconocer los “ciberdelitos” desde la Constitución, propone diputado federal

La investigación de ciberdelitos estará en manos del Ministerio Público y los cuerpos policíacos, agrega el integrante del PVEM, Javier López Casarín.

El diputado pidió que se contemple en la Carta Magna.
El diputado pidió que se contemple en la Carta Magna.Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIONAL el

El concepto de “ciberdelitos” debería estar incluido en la Constitución, con el fin de hacer visible la problemática y desarrollar leyes secundarias que permitan enfrentar y sancionar a quienes incurren en esas conductas, propuso el presidente de la Comisión de Ciencia en la Cámara de Diputados, Javier López.

El congresista del Partido Verde (PVEM) planteó reformas al artículo 21 constitucional, para contemplar en ese texto los ciberdelitos, así como la obligación del Estado de garantizar la seguridad en el ciberespacio.

“La propuesta de modificación abona a la cultura de la ciberseguridad, debido a que impacta la vida de las y los mexicanos en su derecho a la seguridad pública”, manifestó.

Crédito: Pexels

Regular el ciberespacio

López Casarín indicó que reconocer la existencia de esas actividades delictivas es necesario, ante el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, área en la que los ciudadanos también tienen derecho a contar con seguridad.

Agregó que al incluir los ciberdelitos en la Carta Magna, también se integrará la ciberseguridad como un derecho humano y en consecuencia, se generarán mecanismos legales para garantizar un ambiente digital seguro, a partir de su regulación.

Añadió que el proyecto presentado establece que la investigación en materia de ciberdelitos estará en manos del Ministerio Público y las corporaciones de seguridad, algunas de las cuales ya cuentan con sus respectivas policías cibernéticas.

La iniciativa refiere que la seguridad y la “ciberseguridad” pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

También, para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, conforme a lo previsto en la propia Constitución y las leyes en la materia.