Las mujeres que viven en reclusión y tienen a su lado a sus hijos, deben contar con apoyo y espacios adecuados para vivir en condiciones dignas y con acceso a los productos de higiene personal necesarios, pidió la integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi.
La congresista propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar que las internas en centros de reclusión que tengan a su lado a sus hijos, cuenten con los insumos necesarios para cuidar su higiene.
El proyecto enviado a estudio a las comisiones de Justicia y Derechos de la Niñez y Adolescencia, plantea que la autoridad penitenciaria debe garantizar los derechos referidos.
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Los reclusorios donde haya mujeres internas, abundó, deben tener espacios adecuados para que ellas y sus hijos vivan en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral.
Mujeres en reclusión
Sodi Miranda indicó que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los distintos centros penitenciarios del país, hay 392 menores de seis años de edad viviendo con sus madres.
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Ellos y sus madres enfrentan entornos de precariedad, sin espacios dignos para procurar el desarrollo adecuado de los menores y sin áreas dignas para su convivencia, aseo personal y alimentación.
Agregó que el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal del 2021, deja ver que a finales del 2020, había 356 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, privadas de su libertad.
También se identificó a 384 mujeres en reclusión conviviendo con sus hijos menores de seis años, sin acceso a productos de higiene básicos, y tampoco a espacios físicos para una estancia digna y sin apoyo de personal especializado como médicos pediatras.
Añadió que según la organización “Reinserta”, en 2019, en los reclusorios con población femenina en el país, sólo había 11 áreas de maternidad habilitadas, distribuidas en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.
Aunado a ello, se comprobó la existencia de apenas 27 espacios de educación temprana en las instalaciones penitenciarias del país, abundó la parlamentaria.