La ministra Loretta Ortiz Ahlf propone negar el amparo a México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que impugnó cinco artículos de la Ley de la Guardia Nacional, al argumentar que el diseño de la corporación trae como consecuencia que el sistema nacional de seguridad pública sea una fachada para el sistema centralizado militar.
En su proyecto de resolución, el cual será discutido la próxima semana, la juzgadora consideró inoperantes los planteamientos de la asociación civil, la cual señaló que los artículos 89 a 92 de dicha norma rompen con el sistema nacional de seguridad pública, ya que no coordina la participación de los estados y municipios, sino que los somete al poder federal.
No obstante, Ortiz Ahlf señala que la colaboración y coordinación que se establece en los preceptos impugnados, no implica la pérdida de atribuciones por parte de las entidades federativas y municipios, toda vez que implican “una armonía organizada de sus facultades, con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.
Te podría interesar
Agrega que la legislación no transgrede el sistema de facultades porque no subordinan a los estados y municipios a las reglas de la federación de manera discrecional, sino por el contrario, regula los convenios de colaboración y coordinación que celebren el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los gobernadores y los presidentes municipales.
Asimismo, la ministra refiere que es inexacta la aseveración de MUCD en el sentido de que la centralización de la seguridad pública conlleva a la militarización del país, ya que no existe tal concentración de poder en el ámbito de seguridad pública a cargo de las autoridades federales, precisamente derivado del sistema de coordinación y facultades concurrentes.
Te podría interesar
Finalmente, Loretta Ortiz puntualiza que el diseño legal y constitucional que le corresponde a la GN no debe ser entendido como el de una corporación castrense, ni cuasimilitar, sino como una institución civil de seguridad pública.