Veinte años después, Inés Fernández Ortega, una mujer indígena que fue víctima de tortura sexual, logró que el Tribunal Segundo de Distrito del estado de Guerrero, sentenciara a 20 años de prisión a uno de los 11 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el ataque en su contra.
Este caso cobró una mayor visibilidad, a partir de que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que, en 2010, dictó una sentencia en la que pidió al gobierno de México esclarecer los hechos, reparar los daños de manera integral y adoptar medidas de no repetición.
En conferencia de prensa, Inés Fernández, originaria de la comunidad indígena de Barranca Tecuaní, en la montaña de Guerrero, se congratuló por esta sentencia, sin embargo, demandó que los 9 responsables que faltan de recibir un castigo enfrenten a la justicia.
“Que ha pasado con los demás, donde está el castigo para los otros 9 militares que también ese día llegaron y entraron a mi casa, que pasa con ellos, por qué la autoridad no investigó eso, la sentencia que se acaba de dictar a esta persona es de 20 años, yo como victima quisiera que la sentencia fuera de más años”, dijo en voz de la traductora Olivia Arce.
En tanto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan de Derechos Humanos de la Montaña explicó que Hugo Humberto García, es la persona a la que se le impuso la sentencia de 20 años, mientras que Salvador Aguilar, otro de los que logró identificar la víctima, falleció durante una riña en el penal militar.
Resaltó que esta sentencia llega en el marco del proceso de militarización que vive el país.
“Nos mostró, que es lo que ocurrió cuando el ejército mexicano se le dio facultades para realizar tareas de seguridad pública, se cometió una tortura sexual contra una mujer, se complicó la vida de Inés, se vio enfrentada en una serie de amenazas, hubo una afectación, no solo a ella, sino a toda la comunidad”, afirmó.
En tanto, Alan García consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas destacó que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en nuestro país y que la impunidad impide que sea erradicada.