Un juez de distrito dio un plazo de seis meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) integre y determine la averiguación previa por los presuntos actos de tortura que se cometieron en contra de Mario Aburto Martínez para que se declarara culpable del homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, le concedió la protección de la justicia federal a Aburto Martínez, quien reclamó que la autoridad ministerial no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados en su perjuicio.
En su resolución, el impartidor de justicia le dio la razón al quejoso, ya que la autoridad “no cumplió a cabalidad con su deber constitucional de investigar y por ende, violenta derechos fundamentales como el derecho a la verdad y de tutela judicial efectiva”.
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Agregó que desde que inició la averiguación previa, en agosto de 1994, se advierte que no ha cumplido con dichos postulados incurriendo en dilación para la debida integración de esa indagatoria, tanto que fue hasta el año 2022, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, informó que el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, instruyó la integración de un equipo especial de investigación y litigación responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado el homicidio de Colosio Murrieta, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo.
González García puntualizó que la autoridad se limitó a realizar algunas diligencias, ajenos al esclarecimiento de los hechos denunciados, pues en su mayoría se trata de actos aparentemente administrativos e intermitentes, realizados con intervalos amplios e injustificados.
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Ante ello, el juzgador ordenó a la FGR rendir un informe dentro de los primeros cinco días de cada mes, para hacer del conocimiento los avances en la investigación, además de que deberá inscribir a la brevedad a Mario Aburto en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET).